El golpe asestado por la Guardia Civil a la logística del 1-O hace imposible la celebración del referéndum ilegal de independencia promovido por el Govern de Junts Pel Sí y suspendido por el Tribunal Constitucional. La operación ha sido ordenada por un juez y forma parte de la respuesta que el Estado ha dado al desafío planteado por el bloque secesionista, que el 6 de septiembre usó su mayoría en el Parlament para pisotear los derechos de los grupos minoritarios y aprobar la ley de convocatoria del 1-O.

No ha sido pues una decisión autoritaria con la que el Gobierno “deroga de facto el autogobierno catalán” y decreta “un estado de excepción” en esta Comunidad, como mantienen la Generalitat y los antisistema de la CUP. Más bien al contrario, forma parte de una reacción proporcionada y necesaria para impedir la derogación de la Constitución y del Estatut que pretendían las autoridades catalanas. Otras medidas encaminadas a restituir la normalidad democrática en Cataluña han sido las actuaciones de fiscales y tribunales y la intervención económica de la Generalitat por parte del Ministerio de Hacienda.

Presión en la calle

Es importante subrayar estas obviedades frente a las mentiras de Carles Puigdemont y los partidos separatistas, que desde que comenzó el dispositivo policial promueven manifestaciones contra las actuaciones de las fuerzas de seguridad. Los llamamientos a la movilización -alentados también por Pablo Iglesias, que se quita así definitivamente la careta de demócrata para intentar subvertir el orden constitucional de la mano del  separatismo- trasladan a la calle un problema de Estado que debería resolverse en las instituciones y dentro de la estricta legalidad.

El problema es que como ni el Gobierno, ni los tribunales, ni los cuerpos de seguridad pueden desistir de sus responsabilidades, por mucho que crezca la presión callejera, la posibilidad de que las protestas multitudinarias degeneren en tumultos y choques violentos debe tenerse muy en cuenta.

La pasada madrugada, una turba ha acosado a los agentes de la Guardia Civil que intervinieron la Consejería de Economía, ha destrozado tres coches patrulla y han robado varias armas de fuego que finalmente han sido devueltas tras la mediación de políticos catalanes. Los agentes han podido escapar del cerco, escoltados por los Mossos, después de una noche de tensión en la que pudo haber pasado cualquier cosa de la que hubieran sido responsables quienes han echado a la gente a la calle.

“Escalada de radicalidad”

A esta lamentable coyuntura aludió el miércoles Mariano Rajoy cuando, en su declaración institucional, pidió a Carles Puigdemont que “renuncie a esta escalada de radicalidad y desobediencia” para “evitar males mayores”. Precisamente para garantizar el orden en Cataluña es por lo que la Guardia Civil ha enviado los efectivos antidisturbios de diez provincias bajo las órdenes del general Ángel Gozalo, tal y como revela EL ESPAÑOL. Ojalá no tengan que aplicarse para evitar episodios como los que ya se están produciendo.

Lo dramático es que, a pesar de que el presidente catalán sabe que el 1-O es ya inviable, su apuesta por embarcar al mayor número de ciudadanos en una huida hacia delante de carácter sedicioso -y consecuencias imprevisibles- resulta cada vez más evidente. Hay que poner fin a una deriva peligrosa, que no deberían desear ni siquiera aquellos que siempre están dispuestos a sacar tajada del cuanto peor, mejor.