Fiel a sus obligaciones constitucionales, Felipe VI se ha dirigido este martes por la noche a la nación para situarse al frente de la respuesta del Estado al desafío separatista. En un mensaje prístino y sin concesiones, el Rey ha acusado a los actuales inquilinos de la Generalitat de "apropiarse de la instituciones históricas de Cataluña” y de “poner en riesgo la estabilidad económica y social del conjunto del país”.
Ante la "deslealtad inadmisible" de Carles Puigdemont, el Monarca ha subrayado que es “responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”, lo que supone un llamamiento evidente a Mariano Rajoy, los jueces y las Cortes Generales para que sofoquen sin dilaciones la rebelión en Cataluña. Hay que destacar que la apelación al legislativo lleva implícito un toque de atención al conjunto de los grupos parlamentarios para que se comprometan en la defensa del orden constitucional.
También se ha dirigido a los catalanes para asegurarles que “no están solos, ni lo estarán” porque cuentan con la “solidaridad del conjunto de los españoles” y la “garantía de que el Estado de Derecho defenderá sus libertades y sus derechos”.
Un discurso clave en sus omisiones
Más importante incluso que el contenido del discurso han sido sus omisiones. Felipe VI no ha hecho ni una sola mención al diálogo -reclamado por la izquierda parlamentaria- ni ha dado pábulo a la pretensión de Carles Puigdemont de lograr mediación internacional. Al poco de terminar su alocución, PP, PSOE y Cs cerraron filas con el mensaje real, mientras que Pablo Iglesias se arrogó en Twitter cinco millones de votantes para oponerse a él frontalmente. Si Pablo Iglesias es congruente con su proyecto de voladura del régimen del 78, Felipe VI asume el pulso planteado por Podemos -y los partidos que le secundan en esta aventura- al asociar su futuro y el de la Corona con la salvaguarda del orden constitucional.
Pedro J., El 23-F de Felipe VI con rótulos
Felipe VI tampoco hizo mención a los episodios de dureza policial del 1-O, lo que le hubiera obligado a pronunciarse también sobre el acoso a los cuerpos de seguridad, ni trató de ganarse el aplauso fácil recurriendo al uso de expresiones en catalán, lo que hubiera sido más propio de otro tipo de discurso. De este modo, el Rey pone el acento en lo excepcional de su intervención y opta por dirigirse al conjunto del pueblo español como único depositario de la soberanía nacional para dejar claro que lo esencial es restituir la legalidad.
Con este mensaje, el Rey toma la iniciativa después de que el presidente de la Generalitat haya reiterado su voluntad de impulsar una declaración unilateral de independencia falsamente legitimada en el resultado del referéndum ilegal y fraudulento del domingo. Esta histórica intervención viene a remediar la parálisis del Gobierno, atenazado tras la errónea gestión del 1-O, que ha debilitado el bloque constitucionalista y envalentonado al independentismo.
El antecedente de Juan Carlos I
El mensaje de Felipe VI recuerda al que pronunció el Rey emérito la noche del 23 de febrero de 1981 para frenar la asonada militar. Las circunstancias históricas y la naturaleza entre uno y otro golpe son distintas, pero de lo que no cabe duda es de que ambos han puesto en riesgo la democracia.
Con su intervención, el Rey cumple con su función constitucional y es coherente con el papel que ha jugado anteriormente en esta crisis. De hecho, sus gestiones fueron fundamentales para que Rajoy, Sánchez y Rivera escenificaran un frente común después de que los grupos independentistas sacaran adelante -en dos sesiones parlamentarias llenas de irregularidades- la aprobación de las denominadas leyes de desconexión.
El mensaje de Felipe VI ha sido tan contundente como necesario para garantizar la fiabilidad y solidez de la democracia española, restañar fisuras entre PP, PSOE y Cs, y encauzar la respuesta del Estado ante la crisis más grave de las últimas cuatro décadas.
