La evolución del pulso secesionista pivota entre lo trágico y lo cómico sin que el desenlace previsto por el Gobierno, elecciones autonómicas el 21-D, permita confiar en que el desafío vaya siquiera a remitir. Más bien lo contrario. La rueda de prensa protagonizada este martes por Carles Puigdemont en Bruselas confirma que está muy lejos de claudicar y que, habiendo fracasado su intento de proclamar la República Catalana unilateralmente, pone todo su empeño en internacionalizar el conflicto, desprestigiar la imagen de España y sacar provecho del gran error de Rajoy convirtiendo los comicios de diciembre en una segunda vuelta del 1-O y en un plebiscito sobre la ruptura.

Puigdemont, que sigue presentándose como "presidente legítimo de la Generalitat" pese a su destitución, quiere trasladar la idea de que España no es una verdadera democracia para justificar su rebelión ante el mundo. Por eso ha insistido en que el Estado practica la violencia contra los ciudadanos; ha explicado que se fue para evitar una represión a sangre y fuego de su República; ha acusado a la Fiscalía de pedir para él y sus consejeros hasta 30 años de cárcel por directrices políticas y ha advertido de que no volverá a España mientras no tenga garantías de que el suyo será un juicio justo.

El guión de ETA y Batasuna

Es decir, el expresidente catalán no sólo ha contratado al abogado experto en impedir extradiciones de etarras, Paul Bekaert, sino que sigue el guión de los terroristas prófugos. También emula la estrategia de Batasuna, que se presentaba a las elecciones para instalarse en las instituciones y minar el sistema democrático desde dentro.

El Gobierno prefiere hacer oídos sordos a las mentiras e insultos de Puigdemont para no victimizarlo. Pero la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -la misma magistrada que dictó prisión preventiva para los Jordis- le ha citado a declarar a él y a todo su gobierno a partir del jueves. Además, les da tres días para abonar los seis millones de fianza que solicita el Ministerio Público. Por su parte, Carme Forcadell y el resto de miembros de la Mesa del Parlament han sido citados a declarar en el Supremo.

¿Sin medidas cautelares?

La situación es muy delicada porque la propia huida de Puigdemont y la mitad de sus consejeros a Bruselas complica mucho que sus comparecencias concluyan sin medidas cautelares. Es decir, no es en absoluto descartable, sino más bien probable, que las elecciones autonómicas, planteadas como un plebiscito, se diriman con la cúpula descabezada por la Generalitat -o parte de ella- en prisión o en busca y captura. Este escenario complicaría mucho el regreso del PDeCAT a la vía autonomista que busca el exconsejero Santi Vila.

El error de Rajoy de vincular el 155 a la convocatoria inmediata de unos comicios podría acabar ampliando el efecto del golpe a la democracia asestado ya por Puigdemont. Sería tremendo que los separatistas, aun desde la cárcel o huidos, acabaran sacando provecho del tacticismo del presidente del Gobierno en su intento de alcanzar la independencia.