El Ministerio de Hacienda ha denunciado a Puigdemont y a los miembros del extinguido Gobierno de Cataluña con la intención de que se hagan cargo de los gastos del referéndum ilegal del 1-O. Es una iniciativa acertada que debería servir para restituir a las arcas públicas el dinero público que se empleó en un objetivo ilícito, y tiene la virtud añadida de que recuerda a los dirigentes políticos que no tienen patente de corso.   

La decisión es coherente, además, con el precedente de la consulta ilegal del 9-N. Una vez analizado el caso, el Tribunal de Cuentas reclamó a Artur Mas una fianza de 5,2 millones de euros por su responsabilidad contable en la organización de aquel acto, que, como en el caso del 1-O, había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Las ayudas a ANC y Òmnium

En el escrito que el Gobierno ha remitido ahora a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, se pide que en la investigación de las actuaciones realizadas en aras a celebrar el referéndum ilegal se incluyan las ayudas y subvenciones públicas a la Asamblea Nacional Catalana y a Òmnium Cultural, las organizaciones que han pilotado buena parte del procés y cuyos presidentes se encuentran en prisión preventiva.

Aun cuando la cuantía del dinero público empleado en el 1-O está por determinar, es fácil aventurar que supera con creces el destinado a la consulta del 9-N. Eso quiere decir que Puigdemont y algunos de quienes formaron parte de su Govern se exponen a tener que poner de su bolsillo cantidades millonarias.

La 'solidaridad' de los catalanes

Hace un mes, Artur Mas ya tuvo que depositar 2,2 millones de euros como anticipo de la fianza que debe afrontar por haber convocado con dinero de los ciudadanos la consulta ilegal de autodeterminación. El expresidente de la Generalitat apeló a la solidaridad de los catalanes tras manifestar que no podría hacerse cargo de sumas tan elevadas. Aún le faltan por abonar tres millones, por lo que es probable que se le acaben embargando cuentas y propiedades.

Es de justicia que aquellos que se aprovechan de su situación de privilegio para utilizar de forma "consciente" el dinero de todos en proyectos "dirigidos a la consecución de una finalidad manifiestamente conocida y reconocida judicialmente como ilegal", como alega Hacienda en su denuncia, devuelvan el dinero. Seguro que los próximos que tengan la tentación se lo piensan dos veces.