La entrevista en exclusiva con Ángel María Villar, de la que EL ESPAÑOL ofrece hoy su segunda y última parte, ha tenido un enorme impacto informativo. Villar, acusado de corrupción, ha sido el hombre más poderoso en el fútbol español en las tres últimas décadas y quien más alto ha escalado en los organismos internacionales, llegando a ser vicepresidente de la UEFA y de la FIFA.
De sus palabras cabe extraer varias conclusiones. Una de ellas es que la denominada pena del telediario sigue siendo una de las asignaturas pendientes en España. A Villar se le obligó, por ejemplo, a desfilar ante las cámaras sin ninguna necesidad. Cuando se produjo el registro de su despacho en la Federación, en lugar de acceder por el garaje, los agentes optaron por pasearlo ante los fotógrafos y las televisiones.
La presunción de inocencia
Quiérase o no, esa imagen, custodiado por los policías, tarda mucho tiempo en borrarse de la retina de los ciudadanos. Tiene razón Villar cuando dice que el inicio de este tipo de casos es más mediático que su propia resolución, porque es "cuando se lanzan todo tipo de hipótesis" sobre el investigado y, de alguna manera, se resiente su presunción de inocencia.
Pero lo más llamativo ahora es que siguen sin aparecer pruebas determinantes contra Villar, como serían las transferencias de dinero a su favor o la existencia de cuentas con sumas difíciles de justificar. De otras acusaciones, como la de premiar a las federaciones afines, se defiende echando mano de la política: "¿No ofrece el Gobierno a cambio del apoyo de los diputados de una comunidad autónoma beneficios económicos para esta región concreta? ¿Es esto un delito?".
El disparate de ser presidente 29 años
Ahora bien, lo que también demuestra este caso es el disparate que significa que una persona pueda ejercer el poder en la misma institución durante 29 años de forma ininterrumpida. Esa circunstancia vicia las relaciones, propicia el clientelismo, favorece el nepotismo y relaja los mecanismos de control. El ejemplo es el nombramiento de Gorka Villar como director general de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Con los datos que conocemos de la instrucción y los argumentos que Villar hace en su defensa, cabe deducir que en este asunto queda mucho partido por jugar. Lógicamente, en un Estado de derecho uno no tiene que demostrar que es inocente, y por ello serán las pruebas las que deberán determinar, si fuera el caso, la culpabilidad del expresidente de la RFEF.