La resolución del Tribunal Constitucional sobre la investidura de Puigdemont no deja escapatoria al Parlament: o propone a otro candidato o se echa, de nuevo, al monte. La primera reacción de los separatistas ha sido la de mantener el pulso, y anuncian que sigue vivo su plan de presentar en el Pleno convocado para este martes al expresidente prófugo.

Veremos si se aferran a posiciones maximalistas que tendrían graves consecuencias, algunas con alto coste personal. De entrada, el presidente del Parlament, Roger Torrent, se arriesga a seguir los pasos de su antecesora, Carme Forcadell, que entró en la cárcel y sólo salió de ella tras pagar una fianza de 150.000 euros y comprometerse a respetar el 155. Y en una posición igualmente delicada quedarían los diputados que están en su misma situación, caso de los ex consellers Rull, Turull y Romeva.

Demasiados intereses en juego

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Pero los grandes intereses en juego pueden ser determinantes para la resolución del conflicto. El nacionalismo sabe que no puede arriesgarse a perder la oportunidad que le han brindado estas elecciones torpemente convocadas por Rajoy de mantener el control de la Generalitat. Eso equilvadría a renunciar a TV3 y a dejar de dominar la escuela y el gran pesebre de la Administración.

No por casualidad Joan Tardà ha manifestado que resulta "imprescindible" formar gobierno en Cataluña, y el gesto de tres ex consellers huidos de renunciar este domingo a sus actas va en la dirección de asegurar la mayoría en el Parlament frente al bloque constitucionalista.

Los jueces, en auxilio del Gobierno

En el caso de que el independentismo se ajuste a la Ley, aunque no sea por convicción sino por cálculo, el Gobierno se ahorrará el bochorno de ver cómo se inviste presidente a un prófugo perseguido por rebelión. La petición de auxilio al Constitucional le habrá servido para superar ese trance. Otra vez los jueces salvándole la papeleta a Rajoy.    

Sin embargo, de ser cierta la voluntad de ignorar al Constitucional y optar por la desobediencia, los nacionalistas estarán justificando que se aplique todo el peso de la Ley y que el 155 se perpetúe. No hay que descartar nada.