La prisión permanente revisable, introducida en 2015 en el Código Penal, constituye una medida plausible y justificada para proteger a la sociedad de delincuentes no recuperables y cuyo patrón delictivo entraña un riesgo muy elevado de reincidencia. Se trata de una medida excepcional para juzgar crímenes singularmente abominables recogida en la mayoría de las legislaciones de los países vecinos, aceptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y aplicada además por la Corte Penal Internacional.
Es decir, en principio, a expensas de la decisión que pueda tomar el Tribunal Constitucional, que tiene pendiente resolver un recurso sobre su legalidad, no parece que su regulación en España contravenga el sentido de reinserción implícito en las penas de privación de libertad.
Debate vivo en el Congreso
El debate político en torno a una cuestión tan controvertida como ésta es legítimo y pertinente siempre que se produzca en aras del interés general y con máximo rigor intelectual y moral. El problema es que no hay ninguna garantía de que eso vaya a ocurrir. El Congreso de los Diputados va a debatir próximamente una moción impulsada por el PNV para derogar la prisión permanente revisable. Cs ha presentado otra iniciativa parlamentaria, en la que plantea elevar de 15 a 20 años el periodo de pena a partir del cual los condenados con esta pena puedan acceder al tercer grado. Y el PP ha replicado de urgencia planteando la ampliación de los delitos susceptibles de ser castigados con esta pena.
Rajoy apareció el fin de semana pasado en Córdoba junto a la madre de Sandra Palo y el padre de Marta del Castillo, mientras Feijóo hacía lo propio en Pobra do Caramiñal junto a Juan Carlos Quer y Juan José Cortés, para anunciar su propuesta con el mayor efectismo.
Malestar en el Gobierno
Los tiempos políticos y los judiciales no tienen por qué coincidir en democracia, pero el presidente del Gobierno cruza todas las líneas cuando apuesta por extremar de urgencia su posición sobre la prisión permanente revisable, tres años después haberla legislado, antes de que el Constitucional resuelva el recurso, y parapetándose para ello en el dolor de las víctimas. No es de extrañar que esta falta de escrúpulos haya generado malestar incluso en el seno del Gobierno
El PP se ha empeñado en utilizar un asunto tan delicado como este para desviar la atención de su propia incapacidad para resolver el problema territorial, ahora que ve amenazada su hegemonía por el crecimiento de Ciudadanos. También para aparentar que recupera la iniciativa política, sabedor de que estamos ante una medida que cuenta con un gran respaldo en la sociedad. El problema es que un debate tan importante y delicado no puede ser ni el salvavidas de Rajoy ni convertirse en una subasta movida por el ánimo de superar al rival político.