Si el Gobierno tenía alguna intención real de imponer la casilla del castellano en las preenscripciones de las matrículas escolares en Cataluña, el varapalo que el Constitucional acaba de dar a la aplicación de la LOMCE da prácticamente al traste con esa vía.
La Ley Wert -séptima ley educativa de la democracia- atribuye a la Alta Inspección determinar si la escolarización en castellano es suficiente en Cataluña y, de no ser así, permite derivar alumnos de las escuelas públicas a colegios privados en los que el español es lengua vehicular, y hacerlo a cargo de la Generalitat. Sin embargo, el TC ha estimado un recurso de inconstitucionalidad que presentó la Generalitat al considerar que este precepto invade competencias exclusivas de Cataluña, ya que los inspectores deben circunscribirse a labores de supervisión normativa.
Casilla del español
El número de alumnos acogidos a las prerrogativas de la Ley Wert para estudiar en español en centros privados es ínfimo, pues obligaba a muchos padres a largos desplazamientos al no existir una oferta razonable. El Gobierno anunció la semana pasada sin demasiada precisión y con contradicciones su intención de aprovechar el 155 para garantizar el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular en las preinscripciones de las matrículas. De este modo, la casilla del castellano se convertiría en una palanca para crear de facto un doble circuito educativo susceptible de sortear la política de inmersión lingüística.
Al restringir su capacidad de intervención en la educación catalana, el Alto Tribunal deja grogui al Gobierno, que parece haber recurrido a la lucha contra la exclusión del español con la intención de recuperar el pulso político ante el avance de Ciudadanos en las encuestas.
Que se cumplan las sentencias
El fallo del TC obliga a afinar la batalla por los derechos lingüísticos en Cataluña. A expensas de que, cuando se abra el melón de la reforma constitucional, algún partido plantee la necesidad de que el Estado recupere las competencias en materia de educación, el único camino que queda para asegurar la enseñanza del español en Cataluña es que la Generalitat cumpla de una vez las sentencias del Tribunal Supremo y del TSJ catalán que obligan a que al menos el 25% de las materias se impartan en castellano.
El problema es que, después de haber sido enmendado por el Constitucional y después de haber desaprovechado una mayoría absoluta en el Congreso, no parece que Rajoy sea ahora el mejor garante de los derechos lingüísticos.