La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que obliga al Estado a indemnizar con 14.400 euros a dos separatistas condenados en 2007 por quemar una fotografía gigante del Juan Carlos I y doña Sofía desdibuja lamentablemente ante la opinión pública los límites que separan el derecho fundamental a la libertad de expresión con el delito de injurias a la Corona.
La Corte de Estrasburgo considera que pegarle fuego a la imagen del Rey forma parte de la "crítica política", pero este argumento es discutible en un país en el que el Monarca ejerce un papel simbólico y representativo, pero no tiene una función política.
Delitos contra el honor
No cabría objeción a este fallo si se refiriera al presidente del Gobierno, pero resulta imposible desligar la figura del jefe del Estado con el resto de símbolos e instituciones nacionales. Esta sentencia sirve de coartada a quienes tratan de convertir la libertad de expresión en un pretexto para atentar contra el honor de los demás o incluso de incitar a la violencia.
Al menos así lo ha interpretado el separatismo catalán, que considera que el último varapalo de Estrasburgo contra el Estado español da carta blanca a denigrar los símbolos nacionales, abre la puerta a tumbar las causas abiertas por delitos de odio en y demuestra que “no se puede combatir el discurso independentista desde los tribunales”.
Crispación en la calle y los estadios
Se trata de una lectura interesada y falaz, pero lo que resulta evidente es que este fallo no contribuirá a reducir la crispación en la calle y los estadios de fútbol, donde las pitadas al rey han sido castigadas con multas. Más bien al contrario, puede servir de acicate en la próxima final de la Copa del Rey -que disputarán el Barça y el Sevilla- a quienes se divierten abucheando al jefe del Estado y pitando al himno de España.
La sentencia ha coincidido con el debate y votación en el Congreso de una proposición de ley impulsada por ERC para despenalizar los delitos de injurias a la Corona y los ultrajes a España, que no ha salido adelante porque PP, PSOE y Cs han votado en contra. También con un informe de Amnistía Internacional que denuncia un aumento de la censura en España basándose en los casos de condenas a raperos. Debatir sobre los límites de la libertad de expresión nunca está de más, pero este derecho no puede servir de excusa a difamadores y predicadores del odio. Además, un país que no defiende la dignidad de sus símbolos e instituciones difícilmente puede respetarse a sí mismo.