El Gobierno de Pedro Sánchez anunció este viernes que impugnará ante el Constitucional el acuerdo del Parlament que respalda la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015, que fue suspendida en su día por el Alto Tribunal. La reacción del Ejecutivo ha sido ágil y tiene especial valor al producirse en vísperas de la reunión que mantendrán Torra y Sánchez el próximo lunes.
En la política tacticista a la que se ve abocado Sánchez como consecuencia de su volátil situación parlamentaria, podría haber optado por dejar que el asunto se enfriara, o bien conceder a la nueva resolución del Parlament una validez meramente retórica.
Legitimación social y política
El hecho de que Elsa Artadi, muñidora junto a Batet del encuentro Sánchez-Torra, haya comparado al presidente del Gobierno con Rajoy -"no hay mucha diferencia" entre ellos, dijo- es el mejor halago que el líder del PSOE podría recibir de cara al constitucionalismo.
Es evidente el doble juego de Pedro Sánchez; mientras procede al acercamiento de presos y se presta al diálogo "sin cortapisas", también marca el terreno de juego al presidente de la Generalitat. Esa estrategia, que reverdece la praxis del PSC de siempre, entraña riesgos, pues aun cuando pueda resultar rentable a corto plazo va otorgándole al independentismo una paulatina y creciente legitimación en el terreno social y político.
Flexibilidad/inflexibilidad
Por ello, Sánchez va a tener que explicar muy bien sus cesiones a las autoridades separatistas, evitar la brocha gorda y actuar con sutileza, delimitando muy bien dónde cabe la flexibilidad y dónde hay que ser inflexibles.
La reunión del 9 de julio permitirá empezar a valorar si estamos asistiendo a un peligroso deslizamiento del Gobierno en aras a la supervivencia del presidente, o si, por el contrario, es Torra el que queda en evidencia al tener que jugar el partido en los límites que establece la Constitución.
