El auto del juez Llarena por el que rechaza la entrega de Puigdemont sólo por el delito de malversación y retira la euroorden emitida contra los fugados del procés demuestra que el magistrado del Supremo ha optado por el escenario menos negativo para la Justicia.
Además, en contra del criterio de algunos miembros del Supremo, Llarena ha optado por no denunciar al Tribunal de Schleswig-Holstein ante la Unión Europea por "incumplimiento" del marco jurídico que regula la euroorden. Eso sí, en su fallo, el juez critica "la falta de compromiso" de los jueces alemanes.
Destierro de 20 años
Aunque el independentismo asegura que la decisión de Llarena daña la "credibilidad" de la Justicia española y lo celebra como un triunfo, la realidad es que el magistrado ha condenado a Puigdemont al destierro los próximos 20 años, que es el tiempo que tardará en prescribir el delito de rebelión del que se le acusa.
Lo que no podía consentir el Supremo es juzgar a los subordinados por un delito más grave que al principal promotor del golpe separatista. Además, con su decisión, Llarena no se pliega a la rebaja de un tribunal regional germano que se ha burlado en tiempo y forma de la Justicia española.
El error del CNI
Hay que recordar, por otra parte, que la resolución del Supremo conjura la posibilidad de que Puigdemont pudiese recuperar la presidencia de la Generalitat. Si ahora volvía a España, aun cuando ingresara en prisión, el delito de malversación no le inhabilitaba como cargo público. Es más, la euroorden puede ser reactivada cuando la Justicia española así lo estime.
Ahora bien, todas estas peripecias podían y debían haberse evitado. Puigdemont tendría que estar esperando hoy juicio en la cárcel igual que Junqueras o Romeva. La responsabilidad de que no sea así es de quienes dejaron que escapara, y ahí no cabe sino señalar al CNI y a quien lo dirigía políticamente: la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
