El real decreto ley del Gobierno de Sánchez por el que se modifican aspectos clave en Derecho de familia ha causado alarma entre los juristas y debería hacer reaccionar al Parlamento. Sorprende el silencio con el que los políticos han acogido este cambio, por más que se aprobara en el último Consejo de Ministros de agosto, coincidiendo con el inicio de las vacaciones. 

La norma, impulsada so capa de desarrollar el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, modifica artículos del Código Civil y de la Ley de Medidas de Protección Integral a las víctimas lo suficientemente delicados como para actuar con cautela.

Prisas del Gobierno

Tal y como hoy informamos en EL ESPAÑOL, ya hay juristas que albergan dudas acerca de la propia constitucionalidad del contenido del decretazo, dudas que podrían haberse resuelto si se hubiera tramitado como ley, que era lo que correspondía.

Hay que tener en cuenta que el real decreto está previsto para casos de "urgente necesidad". ¿Por qué las prisas? Todo indica que el paso del Gobierno de Sánchez obedece a su agenda pretendidamente feminista.

Inseguridad jurídica

La materia sobre la que actúa este real decreto ley es extraordinariamente sensible: la patria potestad, los derechos del menor, las relaciones paterno-filiales... Por eso lo adecuado hubiera sido legislar con calma y con la participación de los distintos grupos parlamentarios.

El Gobierno ha preferido acelerar seguramente con la intención de presentarse como el primer valedor de las víctimas de violencia machista, y así ganar puntos ante el electorado. Pero eso no puede hacerse entrando en el Derecho de familia del Código Civil como elefante en cacharrería y a costa de crear inseguridad jurídica.