La decisión de Sánchez de acercar los presos independentistas a las cárceles catalanas ha confirmado el pronóstico que hicimos cuando se conoció la noticia en su día. La Generalitat, única Administración autonómica que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria, ha convertido los presidios en altavoces de la causa del soberanismo.
Ya no es sólo que las prisiones de Lledoners y de Lérida sean un lugar de peregrinación y de movilizaciones recurrentes de los Comités de Defensa de la República, es que en ellas los líderes del golpe separatista despachan con total impunidad: como si operasen en dependencias oficiales.
Visitas continuas
Que Quim Torra y Roger Torrent incluyan en su agenda oficial la visita asidua a los políticos presos resulta indignante. Y no sólo ellos; el martes el lehendakari Urkullu se reunió con Junqueras, y este miércoles ha sido la alcaldesa Colau quien ha hecho lo propio con el ex vicepresidente y con el ex conseller Forn.
Resulta particularmente doloroso que Torra tenga previsto entrevistarse con los presos el próximo 17 de agosto, justo cuando se cumple el primer aniversario de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Y más doloroso si cabe que se aproveche del eco mediático de un día tan especial.
Victimismo
Mientras los líderes independentistas, gracias a la generosidad de Grande-Marlaska, disponen de una herramienta para amplificar su relato, el juez Llarena queda cada vez más indefenso frente a sus ataques. Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el magistrado ha tenido que pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial tras la demanda que Puigdemont y los ex consejeros fugados interpusieron contra él en Bélgica.
El acercamiento de los presos a Cataluña por parte del Gobierno ha sido un error que el Estado empieza a pagar. Y no tiene vuelta atrás. Torra, que ya utilizaba a los políticos huidos como símbolos de la opresión del Estado, ha convertido las cárceles en santuarios para explotar el victimismo.
