Que el Gobierno deje a los pies de los caballos al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena es un hecho que se agrava según pasan los días. Contra el criterio técnico de la Abogacía del Estado, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se niega a que el Estado defienda al magistrado por la demanda a la que hace frente en Bélgica en una maniobra tramposa del expresidente catalán Puigdemont y los exconsejeros fugados. El Estado sólo asistirá a Llarena si la resolución de admisión se refiere a la causa por rebelión.
Es más, según cuenta EL ESPAÑOL, existe un segundo informe de la Abogacía del Estado que también ha sido desoído. En él se detalla que las declaraciones de Llarena que la ministra valora como "privadas" no pueden considerarse ajenas al desempeño del cargo judicial, aparte de haber sido manipuladas en la demanda de Puigdemont. A la vista de la transcripción íntegra que el tramposo expresidente catalán hurta a los jueces belgas, queda claro que Llarena se manifestó siempre en "calidad de instructor de la causa especial".
El absurdo
Porque ya no es sólo el absurdo que supone que un prófugo demande a la máxima representación de la soberanía judicial del Estado. Lo más flagrante es que sea el Gobierno quien deje desamparado al juez del Supremo y renuncie a hacer valer la inmunidad jurisdiccional de España desde el primer momento, antes de la admisión a trámite de la demanda. Y que se pliegue, además, a una cuestión secundaria de fondo manipulada por los independentistas encausados.
Desentenderse de la defensa de Llarena evidencia que el Ejecutivo consiente un ataque a la independencia judicial. Los secesionistas saben del talante maleable del Gobierno y del escaso peso político y jurídico de la titular de Justicia. Puigdemont es también consciente de que Bélgica es un país receptivo a sus pretensiones, ya sea por ignorancia, mala fe o resentimiento histórico: tanto él como su círculo se saben intocables en ese santuario mientras marcan la agenda a los jueces belgas.
Inacción
Desde esa perspectiva, y con la inacción de un Gobierno que deja que Torra amenace a quienes retiran propaganda independentista de las calles, los fugados del 1-O se ven envalentonados a la hora de presentar internacionalmente a Llarena como una suerte de inquisidor.
Además de los escraches y las amenazas a él y a su familia, Pablo Llarena tiene que sufrir que el Gobierno lo deje desasistido como servidor público. Algo intolerable que ataca al corazón de nuestra soberanía y sobre el que los magistrados ya han llamado públicamente la atención.
