El anuncio sorpresa de Pedro Sánchez de impulsar una reforma exprés de la Constitución con el objetivo de eliminar aforamientos no se ha hecho ni en el tiempo, ni con las formas ni con el rigor que un asunto de este calado requiere. Es por ello que, pese a que los cuatro grandes partidos nacionales abogan en sus programas por esa medida, si bien con algunas variantes, es muy probable que la iniciativa no prospere.
La circunstancia de que el presidente del Gobierno plantee repentinamente el asunto en medio de la polémica por su tesis doctoral da pie, de entrada, a pensar que se trata de un intento por desviar la atención de la opinión pública. Más aún por la indefinición inicial de la propuesta, que Moncloa se vio en la necesidad de ir matizando a lo largo del lunes, hasta el punto de tener que enviar una nota aclaratoria bien entrada la tarde.
Sin diálogo
Confirma esa precipitación el hecho de que, pese a su calado, el Gobierno no haya tratado de consensuar la propuesta con la oposición, ni con sus socios parlamentarios ni incluso con los propios ministros, varios de los cuales mostraron su sorpresa e incluso su escepticismo nada más conocerla, tal y como hoy informa EL ESPAÑOL. Y hay que añadir que justo este martes, 24 horas después del anuncio a bombo y platillo de Sánchez, el Congreso debatirá una moción en ese mismo sentido que Ciudadanos planteó hace semanas.
Por lo demás, el presidente dio a entender que, si había voluntad política, en "sesenta días" la reforma podía ser una realidad. Pero sólo los informes técnicos solicitados a tal efecto por el Consejo de Ministros pueden demorarse hasta finales de noviembre.
Gobierno hipotecado
Ni siquiera la coyuntura parece la más apropiada: tres meses después de una moción de censura, y con un Gobierno hipotecado al tener que contar en su día a día con los apoyos de los separatistas y la izquierda radical. A Esquerra Republicana, por ejemplo, le ha faltado tiempo para reclamar que en esa reforma constitucional se incluya el derecho de autodeterminación de Cataluña.
En nuestras 30 Obsesiones, que señalan la línea editorial del periódico, abogamos por acabar con el aforamiento de los parlamentarios, de manera que su protección ante los tribunales se limite a su actividad estrictamente política. Ahora bien, creemos que algo así ha de regularse con garantías y en condiciones que difícilmente pueden darse en esta legislatura.