Este sábado se cumple un mes del compromiso sellado entre Fernando Grande-Marlaska, Quim Torra, y el responsable de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, de "garantizar un espacio público neutral".
Si bien el acuerdo no especificaba medidas concretas, se cerró en el marco de la Junta de Seguridad de Cataluña y fue vendido por el Gobierno de Pedro Sánchez como una de las virtudes del "diálogo" con la Generalitat.
Inacción de los Mossos
Lo cierto es que, transcurridos 30 días, hoy las calles de Cataluña se mantienen como auténticos retablos de simbología independentista. A los lazos amarillos y las pancartas en edificios públicos -empezando por la del balcón del Palacio de la Generalitat- hay que añadir multitud de pintadas en suelos y fachadas.
Pero no sólo es que los Mossos -a quienes ingenuamente Marlaska confió la tarea de limpieza- no han movido un dedo, es que un gran número de ayuntamientos gobernados por el separatismo ha dictado ordenanzas para multar a quienes arranquen lazos.
Sacar tajada
Si el Gobierno no llama a capítulo a la Generalitat para que asuma su parte del pacto -Marlaska sí ha cumplido la suya al integrar a los Mossos en el sistema de cooordinación de lucha contra el terrorismo- estará demostrando que el tan cacareado diálogo, lejos de reportar beneficios al Estado, sigue siendo utilizado por los nacionalistas para sacar tajada.
Ciertamente, era previsible que unas autoridades que desoyen la legalidad un día sí y otro también, hicieran lo propio con el pacto para respetar la neutralidad de los espacios públicos. Sánchez no puede regalar la vía pública a Torra.
