El Gobierno ha rubricado con Podemos, su socio prioritario, un acuerdo para impulsar los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Se ha decidido el incremento del salario mínimo interprofesional a 900 euros, un aumento del IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros, la subida de las pensiones conforme al IPC y un impuesto a las grandes fortunas.
Este acuerdo de 50 páginas, que es un pacto de legislatura en toda regla, necesitará del apoyo de los separatistas en el Congreso para salir adelante. Para granjearse su apoyo, el Gobierno ya ha previsto inyectar 2.200 millones en Cataluña.
Repercusión directa
Podemos ha impuesto sus anuncios estrella, y el Ejecutivo, en su huida hacia adelante, ha transigido. Si estas cuentas acabaran aprobándose tendrían graves consecuencias para el país, y marcarían un antes y un después. Los desaciertos y los escándalos que ha venido protagonizando estos meses el gabinete de Sánchez -de los másteres a las tesis, de las grabaciones a los problemas fiscales- son una minucia comparados con un asunto que sí tiene repercusión directa en la vida de los ciudadanos.
Tal y como hoy publicamos en EL ESPAÑOL, la UE tolerará estos Presupuestos con la nariz tapada, si bien a la Comisión le inquieta sobremanera el modo en que España relaja los esfuerzos para reducir el déficit. Tiene Sánchez la suerte de que Bruselas, en guerra con Italia, no puede permitirse abrir un nuevo frente con la otra gran economía del sur de Europa.
Libre mercado
El intento de presentar estos Presupuestos como destinados a restituir derechos y a resarcir a los más desfavorecidos es una falacia. No es verdad que el obsesivo afán regulador de estos Presupuestos beneficie a quienes más han sufrido la crisis; al contrario, los convertirá -caso de aprobarse- en los grandes damnificados.
Con un horizonte económico nada despejado, si ahora se incrementa el salario mínimo, por ejemplo, ¿tendrán capacidad los empresarios de subir los sueldos o tendrán que despedir personal? ¿Esto beneficiará o perjudicará a los jóvenes que buscan su primer empleo? El Gobierno olvida -o quiere olvidar- que para repartir riqueza hay que generarla primero, y que no es con políticas intervencionistas sino con libertad de mercado como prospera la economía en los países desarrollados.