El Gobierno aprobará este mismo jueves un real decreto ley que modificará el artículo 29 de la legislación sobre Transmisiones Patrimoniales para que "nunca más" los españoles paguen este impuesto. El decreto deberá ser convalidado por el Congreso.
Tras la polémica decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, Pedro Sánchez se ha dado prisa en anunciar que será la banca, y no los ciudadanos, la que asuma esta carga.
Parche de urgencia
Sánchez ha actuado con habilidad y ha sabido capitalizar la imperdonable chapuza del Alto Tribunal eligiendo a la banca como chivo expiatorio. Se calcula que la medida supondrá a partir de ahora para los bancos tener que desembolsar 640 millones de euros al año.
Pero el presidente ha optado por la vía fácil. Lo suyo habría sido plantear la normativa por el cauce ordinario, dando voz al Parlamento para modificar la legislación. El asunto ha tenido tal impacto en la sociedad que requería de soluciones maduradas y no un parche de urgencia.
Afán recaudatorio
Además, está por ver que Sánchez haya puesto punto final a la polémica. Podemos, su socio prioritario, ya ha anunciado que su anuncio es insuficiente y que las entidades bancarias deberán "devolver" el dinero de ese impuesto a los ciudadanos que ya lo hayan pagado.
El ruido y las prisas han provocado que se pase de puntillas sobre el hecho de que estamos ante un impuesto que sólo se explica por el afán recaudatorio de la Administración. Conviene no olvidarlo para, llegado el caso, incluirlo entre las cargas tributarias a extinguir.