La organización independentista Arran difundió este miércoles un vídeo en el que dos personas rocían con pintura amarilla el portal del domicilio del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. No estamos ante un hecho aislado. Asistimos desde hace meses a una campaña sistemática de acoso y amenazas a un juez que representa a una alta institución del Estado.
Cualquier juez debería gozar del amparo de las autoridades para ejercer su función constitucional con todas las garantías y tener asegurada su protección y la de su familia. Pero más aún, un magistrado del Supremo que ha instruido una causa de la envergadura de la del golpe separatista.
Ningún detenido
No es ocioso apuntar que Llarena se ha visto obligado a cambiar de domicilio ante el continuo acoso del independentismo radical. Han atacado dos veces su casa, le han perseguido en un restaurante y le han amenazado por diferentes medios. Pero hasta la fecha, los Mossos no han practicado ninguna detención, salvo la de una tuitera acusada de injurias a la que una juez de Reus absolvió arguyendo "libertad de expresión".
Convendría recordar también que, tras la denuncia interpuesta contra Llarena por Puigdemont y sus cómplices en Bélgica, el Gobierno se avino a aceptar su defensa jurídica a regañadientes. Son detalles que revelan la soledad a la que el Estado está condenando a este juez.
Prioridad democrática
EL ESPAÑOL publica hoy una Tribuna del jurista José María Macías Castaño, vocal del Consejo General del Poder Judicial, en la que alerta sin pelos en la lengua de la práctica mafiosa de intentar atemorizar a los jueces de Cataluña. Está bien argumentada también la comparación que la Asociación Profesional de la Magistratura establece entre los ataques a Llarena y los que sufrían los judíos señalados por el nazismo.
Hace lo correcto Ciudadanos al denunciar por delito de odio a Arran ante la Fiscalía por este último ataque al domicilio de Llarena. La defensa de sus jueces debe ser una prioridad del Estado de Derecho y de una Democracia digna de ese nombre.
