Podemos, principal socio de gobierno de Pedro Sánchez, ha solicitado este martes la dimisión de Josep Borrell tras conocerse la sanción que le ha impuesto la CNMV por usar información privilegiada en la venta de unas acciones de Abengoa, de la que el hoy ministro fue consejero.
Más allá del debate sobre la gravedad del comportamiento del titular de Exteriores, lo que queda claro es que cuando Pablo Iglesias pide la dimisión de un ministro lo hace a sabiendas de que con ello contribuye a acelerar el final de un Ejecutivo cuya fecha de caducidad parece cada vez más próxima.
Acelerador
Desde que la pasada semana Podemos anunció sus primarias internas para elegir al candidato a las generales, Iglesias ha apretado el acelerador, apuntando directamente a la línea de flotación del Ejecutivo.
Borrell no es el primer ministro al que Iglesias exige su dimisión, pero es clave como coartada constitucionalista para Sánchez ante sus concesiones al separatismo. La realidad es que, en apenas cinco meses, Podemos ha pedido la dimisión de cinco ministros, de los cuales dos tuvieron que salir del gabinete.
Credibilidad
En sentido estricto, Josep Borrell actuó de forma indebida al usar información privilegiada para vender unas acciones ruinosas por 9.000 euros; pero estamos ante un caso técnicamente discutible y no todo puede catalogarse como corrupción. Borrell ni siquiera puede recurrir la sanción en los tribunales porque el trámite obliga antes a pronunciarse a la ministra de Economía, lo que involucraría aún más al Gobierno.
Lo que todo este asunto deja patente son los exagerados estándares de transparencia y ejemplaridad que, subido a la ola del populismo, Sánchez impuso al PP. Es ese listón envenenado el que amenaza ahora a su Gobierno y compromete su palabra y su credibilidad.