El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha viajado por tercera vez, desde que fuera elegido presidente del PP, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Dos lugares donde el drama de la inmigración ilegal es palpable y donde más necesaria se hace una actuación sobre el terreno, con criterio y sin maximalismos ni apasionamientos que en nada ayudan al día a día de sus ciudadanos.
Pablo Casado ha advertido de la necesidad de un sistema de control fronterizo que permita una inmigración "ordenada, legal y de integración" ante unos dispositivos de seguridad, técnicos y humanos, que ni en Ceuta ni en Melilla "están a la altura" y sobre los que los agentes que custodian las vallas se han quejado en diversas ocasiones. En todo caso, nadie puede reprocharle al presidente del PP que no se vuelque en dar soluciones a la inmigración ilegal.
Problema migratorio
Casado, con propuestas como la de implementar un plan Marshall para África o la modernización de los sistemas de vigilancia en las fronteras terrestres, trata de dar respuestas racionales al problema migratorio. Y de paso ganarse a las capas del electorado que podrían sentirse más atraídas por el discurso radical de Vox, que en asuntos como éste tiene un evidente granero de votos.
Conviene recordar que este mismo lunes, aprovechando la Nochevieja, la Guardia Civil tuvo que emplearse a fondo en el puerto de Melilla para evitar una avalancha de sin papeles que querían colarse en varios de los barcos que unen la ciudad con la Península.
Soluciones prácticas
Es preciso vertebrar una actuación eficaz que dé respuesta a esos más de 60.000 inmigrantes que han entrado a España de forma irregular en 2018. La contención de los flujos migratorios y la protección de las fronteras no son cuestiones ideológicas, sino una prioridad.
La defensa de la frontera Sur de Europa, la más desigual del mundo en términos económicos, requiere de soluciones prácticas. Muy lejos de esas posiciones imposibles de Vox, que aboga directamente por expulsar a los inmigrantes sin papeles, o de las propuestas inconcretas del Gobierno de Sánchez, que el pasado verano incluso abogó por la retirada de las concertinas.