El separatismo ha redoblado este lunes la presión sobre el Gobierno de Sánchez. Y lo ha hecho con un ultimátum calcado al que él le hizo a Nicolás Maduro con un plazo de ocho días: si no realiza una serie de cesiones políticas en las vísperas del juicio del procés, le tumbarán los Presupuestos.

Los independentistas exigen, entre otras medidas inasumibles, una mesa de partidos a nivel nacional para buscar una solución política, con la presencia de observadores neutrales. Para el Gobierno, este paso descabala definitivamente sus posibilidades de supervivencia.

Los focos

Hay que consignar que el movimiento de ficha del independentismo ha sido tremendamente taimado, jugando con el calendario del Parlamento y el del juicio a los líderes del procés. Puigdemont y Junqueras no han esperado hasta el viernes, último día en que se podían tramitar las enmiendas a los Presupuestos, adelantando de esta manera el calvario de Sánchez mientras atraen todos los focos hasta que comience el juicio.

Ahora bien, cabe la posibilidad de que el separatismo rectifique a última hora y retire las enmiendas si ven satisfechas sus demandas o con cualquier excusa. La votación está prevista para el miércoles 13 de febrero y hasta el último momento todo puede pasar.

Elecciones

Los acontecimientos se precipitan y Sánchez vuelve a estar hoy entre la espada y la pared: o bien prorroga los Presupuestos de Rajoy e incumple sus cacareadas medidas sociales, o bien se arrodilla ante el separatismo y escenifica un paripé de rendición que sería doblemente humillante. Porque se haría a las puertas del juicio a los cabecillas del golpe separatista y porque, además, le brindaría al nacionalismo el argumentario internacional -y la propaganda- de que España claudica. 

En manos de Sánchez está no prolongar más la agonía y convocar elecciones. El presidente puede estar tentado de intentar la cuadratura del círculo, y lo peor es que, a tenor de los precedentes, no se puede descartar. Aunque su resiliencia ha llegado a su límite.