La detención en la mañana del martes de varios futbolistas implicados en una trama para el amaño de apuestas ha conmocionado al deporte español. Según las pesquisas de la Policía, exjugadores como Raúl Bravo y otros en activo como Borja Fernández, además del presidente y trabajadores del Huesca, habrían establecido una red para adulterar partidos y lucrarse con las apuestas.
Asistimos por primera vez a la detención de profesionales de élite del fútbol español: seis personas han sido puestas a disposición judicial -de un total de 21 investigadas hasta el momento- por organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
Prevención
El negocio del juego mueve en España más de 40.000 millones de euros al año, lo que da idea de la magnitud del fenómeno. Es verdad que las casas de apuestas ejercen una actividad lícita por la que pagan sus impuestos y son las principales afectadas por estos fraudes, a cuya prevención dedican no pocos recursos. Y es verdad también que, aunque España cuenta con una de las legislaciones más restrictivas al respecto, estamos ante una lacra que hay combatir.
Hay dos razones por las que el negocio del juego es tan floreciente: la masiva expansión de internet y la posibilidad de hacer pequeñas apuestas en todos los dispositivos universaliza esta actividad. Esta democratización de las apuestas ha provocado, por ejemplo, que la edad para iniciarse en el juego sea cada vez más baja. Pero también que se pueda apostar casi a cualquier cosa, lo que complica mucho la persecución del fraude.
Ejemplaridad
Urge que el legislador tome cartas en el asunto. El deporte es una escuela de valores y no debería verse enfangado por estas prácticas. También el fútbol profesional debe predicar con el ejemplo, y aquí hay que decir que ha sido la propia Liga la que ha puesto tras la pista a las autoridades. Casos como el que ahora se ha destapado son un enorme descrédito para la credibilidad del sistema.