Este miércoles ha quedado visto para sentencia el juicio del procés, el más importante de la historia de la Democracia junto con el del 23-F. Después de cuatro meses de sesiones por las que han pasado más de 400 testigos, los doce acusados han utilizado su derecho a la última palabra para convertirla en una arenga política contra el Estado, al que han definido como "represivo" y "violento".

Si bien es verdad que la escena de los encausados haciendo un discurso irreal y victimista era lo previsible, cabía esperar cierto grado de autocrítica, siquiera por cuanto la propia defensa de alguno de ellos admitió el delito de desobediencia. Sin embargo, la mayoría dejó claro su nulo arrepentimiento y su disposición a hacer lo que hicieron. Es decir, volverían a protagonizar lo que la Fiscalía General del Estado ha considerado un golpe de Estado.

El Tribunal

Ante un caso enormemente complicado y de repercusión internacional, la Justicia española ha demostrado estar a la altura. Es en este punto donde hay que ponderar la labor de la Fiscalía, con la incansable aportación de pruebas, testigos, documentación y testimonios que han desmontado el argumentario de los procesados. Y hay que reseñar la figura del juez Marchena, que ha sabido aislar el desarrollo del juicio de cualquier interferencia en un contexto político envenenado. 

Capítulo aparte merece el papel de la Abogacía del Estado, que en su informe final, y siguiendo la posición del Gobierno, ha rebajado a sedición la carga delictiva. No es casual que el Ejecutivo cesara en noviembre al abogado del Estado Edmundo Bal para quien, efectivamente, el proceso separatista derivó en rebelión.

Política

Lo cierto es que en aquellos días del otoño de 2017 ahora vistos para sentencia, la pretensión de los acusados fue alcanzar la independencia de Cataluña por las bravas. Eso incluía desde utilizar a los Mossos en el objetivo de torpedear la labor de la Policía y la Guardia Civil a coaccionar a la Justicia, obligando a sus representantes a tener que escapar por las azoteas. 

El juicio por el golpe separatista en Cataluña ha supuesto un test para el Estado, un test superado con nota. La Justicia ha hecho su trabajo y ahora sólo hay que esperar su dictamen. Sea cual sea la sentencia, resultaría un fiasco que, caso de ser condenatoria, pudiera alterarse a través de la política: bien con indultos, bien por la puerta de atrás de un sistema penitenciario transferido a la Generalitat y en manos de los amigos de los cabecillas del procés. 

En cualquier caso, el "lo volveremos a hacer" de los golpistas en su declaración final debe mantener alerta a las autoridades del Estado. No estamos en un punto final. Hay que prepararse para el punto y seguido.