El independentismo celebra echado al monte el segundo aniversario del referéndum ilegal. Y no es una metáfora: la pasada noche se han encendido antorchas en numerosos municipios catalanes como anticipo de un mes de furia contra el Estado. Este primero de octubre comienzan las movilizaciones de un mes conflictivo en el que se conocerá la sentencia del procés.
La respuesta en bloque a favor de los siete miembros de los CDR imputados por terrorismo es la prueba de cómo el independentismo sabe reagruparse en momentos cruciales en pos de sus objetivos. Pese a las diferencias entre las distintas facciones, sus representantes en el Parlament ya acordaron la semana pasada no condenar expresamente la violencia a la vez que exigían la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña.
Espiral de excesos
Azuzada por un presidente que les jalea, nada parece poner freno a la espiral de excesos, que irá de los escraches y los sabotajes a una huelga general. Resulta significativa la dimisión del director general de los Mossos justo en la víspera del 1-O y bajo la poco fundada excusa de que ha "conseguido" los "objetivos que se había marcado".
La realidad es que es insostenible la continuidad en el cargo de un presidente de la Generalitat que insta a los radicales a "apretar", que está imputado por desobediencia y que aparece en las investigaciones judiciales vinculado a presuntos terroristas. Por eso es tan oportuna la moción de censura que secundan Cs y PP. El PSC, jugando de nuevo al tacticismo, se ha puesto de perfil.
Seguridad Nacional
Si el juez no cita hoy mismo a Torra es por no ralentizar el proceso y derivar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su condición de aforado: a otros políticos se les ha procesado por hechos menos graves. En todo caso, Quim Torra no tiene otra salida que comparecer de forma urgente para dar cuenta de su relación con los detenidos.
El foco se pone desde hoy mismo en la calle. Si los Mossos d'Esquadra no cumplen con su tarea de garantizar el orden, el Gobierno deberá recurrir a la Ley de Seguridad Nacional, como plantea Pablo Casado, y asumir el control de la Policía autonómica. Pedro Sánchez planteó el domingo en Barcelona su disposición a aplicar el artículo 155 para garantizar "la convivencia, la integridad territorial y la soberanía nacional". Este mes de octubre va a poner a prueba la fortaleza de la Democracia, pero examinará también la consistencia del presidente.