La cascada de noticias adversas sobre la marcha de nuestra economía no puede ser más alarmante. Después de conocer que el PIB solo creció un 0,4% de abril a junio, en lo que es el peor dato desde 2014, este miércoles hemos visto cómo el IBEX ha sufrido su mayor caída en dos años. El índice español se ha desplomado un 2,77% y lo ha hecho debido al comprensible temor de los inversores a ese frenazo cuyos síntomas son cada vez más evidentes.
La ralentización que afecta a la economía mundial no podía llegar en peor momento a España, con un gobierno en funciones e inmerso ya en la cuenta atrás electoral. Por tanto, en plena inestabilidad política.
Destrucción de empleo
Los datos económicos que vamos conociendo hacen casi imposible cumplir las expectativas de crecimiento (2,2%) del Gobierno. Y las consecuencias más sangrantes las sufren los trabajadores: según reconoce el Ministerio de Trabajo, en el primer semestre de 2019, 38.611 personas sufrieron un expediente de regulación de empleo, y nada hace presagiar que esta tendencia vaya a revertirse.
Como señalan los expertos, es conveniente protegerse. Pero la realidad es que asistimos a una prórroga de los Presupuestos aprobados por el último Ejecutivo de Rajoy mientras Sánchez plantea unas recetas basadas en el incremento del gasto público y en asaetear a impuestos a la clase media.
Reformas
Sánchez ya ha reconocido que existe "riesgo" de crisis, y sería bueno que, en coherencia, aplicara valentía y sentido común para implementar un programa de reformas económicas que minimicen las amenazas y sus efectos. Todo lo contrario que el aviso del presidente durante un mítin este miércoles en Valencia, donde ha afirmado que el Ejecutivo en funciones dará a las Comunidades los casi 5.000 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta antes del 10-N. Puro electoralismo que inflará artificialmente el PIB.
Sánchez no debe repetir los errores de Zapatero en 2008. Las consecuencias aún las seguimos padeciendo.