Tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo en la que se condena a los principales líderes del procés por sedición y malversación, el independentismo ha reaccionado con ira. Se han atacado infraestructuras, cortado carreteras y vías de tren, e incluso se ha ocupado el aeropuerto del Prat, perturbando así la vida de miles de personas. La cacareada desobediencia civil pacífica y la revolución de las sonrisas consistían en eso.
Ese panorama se completa, además, con ataques violentos de enmascarados a las fuerzas del orden e intolerables agresiones a ciudadanos por el mero hecho de portar una bandera de España. Otra vez el "apreteu" de Torra.
Porque sucede que los radicales no están solos en las calles de Cataluña. Algunos de sus representantes políticos les siguen alentando a perseverar en la alocada huida hacia adelante. Precisamente el fallo del Supremo revela que los instigadores del golpe separatista eran conscientes de que el movimiento estaba condenado al fracaso, y aun así insistieron en llamar a la desobediencia.
Coro de injurias
El fallo del Supremo ha servido, en ese sentido, para visualizar el nulo ánimo de rectificación de las autoridades catalanas, encabezadas por un Torra que reiteraba este lunes su compromiso "sin excusas" con la independencia y denunciaba que ha habido "venganza y no justicia".
También Puigdemont, desde su hasta ahora cómoda residencia de Waterloo, animaba a los ciudadanos a dar "una respuesta masiva" a lo que entiende que es una resolución "inhumana". Guardiola se sumaba al coro de las injurias contra la Justicia española denunciando "un ataque a los derechos humanos".
El PNV, se despojaba de su autoproclamada moderación y corría a situarse junto a los independentistas catalanes, reclamando "la libertad" de los encarcelados y denunciando "una España en blanco y negro" incapaz de respetar la "diferencia".
Cartas boca arriba
Podemos iba incluso más lejos al reclamar una Constitución catalana y la modificación del Código Penal para que golpes al Estado como los de 2017 queden impunes, dejando claro que Sánchez acertó al descartarles como posibles socios en un gobierno de coalición.
A tenor de estas respuestas, parece claro que la sentencia del Supremo ha puesto las cartas boca arriba. Nacionalistas y populistas están decididos a lanzar nuevos desafíos al Estado de Derecho. La deslealtad de muchos de los que ha dependido y pudo depender la gobernabilidad de España ha quedado al descubierto.
Por ello, ahora más que nunca se dan las condiciones para un gran acuerdo entre PSOE, PP y Cs que dé estabilidad al país, y que lo haga para los próximos años. Es lo que han venido reivindicando hasta ahora Sánchez, Casado y Rivera más de cara a la galería que con intención real. Después del 10-N ya no habrá excusas.
No sólo por justicia o por convicción democrática, no sólo por los constitucionalistas que en Cataluña vienen siendo silenciados durante años; es ya por una cuestión de supervivencia. El constitucionalismo no tiene otra solución que darse la mano.