Las negociaciones del PSOE con ERC para intentar investir a Pedro Sánchez han roto definitivamente la división izquierda-derecha y han situado la dialéctica en otro plano. Ahora la partida se juega entre quienes defienden la unidad de España como "una única Nación" y quienes se proponen, siquiera semánticamente, superar el modelo constitucional.
Esa polarización beneficia a los partidos más radicales, los nacionalistas: periféricos y españoles. Según el sondeo electoral de SocioMétrica que publica hoy EL ESPAÑOL, la única formación de ámbito nacional que se vería beneficiada en caso de que hubiera unas terceras elecciones en menos de un año sería Vox.
Ahora se ve el doble error de Sánchez: primero al forzar una segunda convocatoria electoral en la que perdió apoyos y después al elegir a toda prisa una coalición con Unidas Podemos que pasaba por el entendimiento con ERC.
La negociación ahora está oficialmente encallada, a la espera de que la Abogacía del Estado satisfaga a los independentistas, cuya dirección filtraba este mismo sábado, durante su congreso, que están dispuestos a "facilitar" la investidura antes de Reyes si los socialistas se avienen a sus reclamaciones.
Se trata de exigencias políticas y jurídicas. Entre las primeras están el reconocimiento de la existencia de un “conflicto político” entre Cataluña y España y la realidad de la coexistencia de varias “naciones”. El PSOE dio su aval a ambas premisas en el pasado congreso del PSC con el consentimiento de José Luis Ábalos y Carmen Calvo.
Las segundas pasan por que el Gobierno le indique ahora a la Abogacía del Estado un nuevo criterio en su valoración de lo sentenciado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que este jueves fallaba a favor de Junqueras y su inmunidad como eurodiputado. ERC pide ese cambio de criterio como "un gesto concreto" que vender a su militancia, mientras lucha con JxCat por no aparentar que baja el pistón en la carrera independentista.
La sentencia de Luxemburgo ha proporcionado más gasolina también al discurso de Vox, que ha denunciado a los tribunales de la UE por "menoscabar la soberanía española" y ya sugiere la conveniencia de revisar el estatus de nuestro país en Europa.
Con diferentes matices, tanto Pablo Casado como Inés Arrimadas han dejado claro a Sánchez que no es cierto que la única vía para su investidura sea la que ha tomado. Si no quiere verse obligado a torcer el criterio de la Abogacía del Estado y no quiere afrontar las acusaciones de estar llevando al PSOE a una posición "constitucional pero no constitucionalista", aún está a tiempo de abrazarse a un acuerdo con PP y Cs, en sus diversas fórmulas.
Evitaría así las terceras elecciones y una mayor fractura social de la que sólo se benefician los radicales. Y sentaría las bases para afrontar, desde la unidad, las reformas de calado que sin duda necesita España.