Era de esperar que los presos comunes de las cárceles catalanas exigieran igualdad de trato respecto a los políticos presos por el golpe separatista. Los permisos concedidos por la Junta de Tratamiento de sus respectivas prisiones a Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Dolors Bassa y Jordi Cuixart, y los que se concederán presumiblemente la semana que viene a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, han provocado el agravio comparativo del resto de presos. 

Como cuenta hoy EL ESPAÑOL, los funcionarios de las cárceles catalanas temen que el precedente de Dolors Bassa, que puede salir de la cárcel para cuidar a su madre enferma al amparo de la laxa interpretación que la Generalitat hace del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, provoque que el resto de internos exijan ventajas similares. 

Discriminación

La imagen de Cuixart, recibido en su empresa entre aplausos por un permiso de 72 horas concedido por la Junta de Tratamiento de Lledoners, es significativa del modo en que el sistema penitenciario catalán discrimina entre sus presos y el resto de la población reclusa. 

Conviene recordar que fue el Gobierno de Pedro Sánchez quien decidió el acercamiento de los presos golpistas a cárceles catalanas en la pasada legislatura. También que la Generalitat es la única Administración autonómica que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria. 

Un escándalo

Obviamente, la Generalitat de Quim Torra usa esta concesión a su arbitrio, convirtiendo una competencia transferida en una herramienta para liberar a quien le interese. Oriol Pujol, condenado por el cobro de comisiones ilegales en el caso de las ITV catalanas, ya se benefició de la gracia penitenciaria del famoso artículo 100.2 del reglamento. Y eso por no hablar de cómo la cárcel de Lledoners se ha convertido en un santuario del separatismo donde los condenados realizan su actividad política sin ningún impedimento. 

Con todo, lo peor ya no es que los condenados por un golpe separatista vayan únicamente a dormir a prisión... Lo más preocupante es que el Gobierno contemple ceder plenas competencias de Justicia a Cataluña. Un escándalo del que ya alertamos en su momento.