Este jueves ha tenido lugar la llamada mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat. En un comunicado conjunto, el Ejecutivo central y el autonómico catalán se han comprometido a mantener encuentros mensuales y a celebrarlos de forma alterna en Madrid y en Barcelona.
Con todo, lo fundamental está en la literalidad del texto consensuado, en el que se insta a que todos los acuerdos entre ambos se inscriban "en el marco de la seguridad jurídica", una forma artera de decir que se va a negociar al margen de la Constitución.
Consensos del 78
Que nadie se lleve a engaño. Pedro Sánchez y Quim Torra se comprometen a implementar una nueva legalidad que venga respaldada por lo que el presidente catalán define como "la primera institución republicana", que identifica con "la voluntad popular".
Queda claro que el separatismo es insaciable. Ni siquiera el compromiso anunciado por el presidente del Gobierno en la víspera de satisfacer la supuesta "deuda histórica" en materia de inversiones con Cataluña sirve para rebajar sus pretensiones.
Estamos ante una perversa reinterpretación de las palabras de Torcuato Fernández-Miranda cuando desmanteló el edificio jurídico del franquismo: "De la ley a la ley". Con la salvedad de que, en el caso que nos ocupa, se trata de erosionar los consensos para alumbrar la Democracia.
Pasar factura
Hay otros detalles que no conviene pasar por alto: el Ejecutivo hace ya tiempo que concedió la bilateralidad a los separatistas y por eso Torra compareció en la sala de prensa destinada a los mandatarios extranjeros. Todo un símbolo que es, además, un agravio al resto de las autonomías españolas.
Las confusas palabras de la ministra portavoz, María Jesús Montero, para justificar lo injustificable son elocuentes del punto al que se ha llegado. Y estamos sólo ante el primer encuentro de la mesa de gobiernos... ¿De verdad cree Sánchez que le merece la pena este enorme despropósito para aprobar los Presupuestos o que algo así no le pasará factura?