La ley Irene, el anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual promovido por la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido aprobada este martes por el Consejo de Ministros. De aquí hasta la implantación definitiva de la norma puede pasar aún bastante tiempo -se habla de "meses"-, pero lo sustancial es que la modificación del Código Penal que contempla generará problemas de seguridad jurídica.

El consentimiento de la mujer, centro de la norma, sigue sin resolver el problema de cómo demostrar ante un tribunal la culpabilidad del denunciado. La "voluntad expresa de participar en el acto" a la que apela la norma puede tener difícil probatura en muchos casos. 

La ley, en su intento por proteger a las víctimas, también abre la puerta a la picaresca. Por ejemplo, las mujeres que denuncien ser víctimas de violencia sexual y vean respaldada su versión por una simple firma de los servicios sociales, recibirán todo tipo de ayudas económicas y laborales, sin necesidad de que medie una sentencia judicial. De la misma forma, ninguna mujer extranjera que denuncie haber sido violada podrá ser expulsada de España. Esto plantea un agravio con quienes han padecido otros tipos de violencia.

Condición de víctima

La multiplicidad de ayudas y subsidios, las campañas de sensibilización, las medidas de prevención o la especialización profesional en distintos ámbitos que prevé la ley Irene supondrán un gran coste a las arcas públicas. Sin embargo, ese texto tan ambicioso ni siquiera incluye una memoria de impacto económico, como sería exigible para no construir castillos en el aire.

Hay elementos novedosos como la inclusión de la castración química "con carácter transitorio" para presos reincidentes que deseen acceder a permisos o que, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, pase a considerarse delito la no denuncia de situaciones de acoso sexual. 

Primera crisis

La nueva ley de libertad sexual ha visto la luz en medio de una turbulencia entre Podemos y el PSOE, en lo que constituye la primera gran crisis del Ejecutivo de coalición. Después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya tenido que hacer presiones jurídicas para intentar salvar el texto, Pablo Iglesias se descolgaba este martes llamándole "machista frustrado".

Podemos se ha salido con la suya y ha conseguido que uno de sus proyectos estrella sea aprobado en vísperas del 8-M. Pero la norma, hecha con prisas y remiendos, confirma lo que ya en sus prolegómenos parecía algo cantado: el texto acabará en el Constitucional en cuanto sea definitivamente aprobado. 

Clamor social

No estamos ante un problema del espíritu de la ley en la que, además, hay aspectos positivos. El goteo de asesinatos machistas, las manadas, el desamparo de las víctimas... a los que el texto trata de dar respuesta han creado un clamor social que obliga a legislar al respecto. Lo negativo es cómo se ha gestado y gestionado la norma, cómo se ha intentado patrimonializar la defensa de las mujeres y hacer proselitismo con la igualdad.

La realidad es que cada cien horas aproximadamente se produce un crimen machista en España y en sólo tres meses son ya 14 las mujeres asesinadas en nuestro país. El reto que estas cifras plantean es tan grande que requiere de más altura de miras y de menos banderías.