Si algo no puede fallar en la guerra contra el coronavirus -por utilizar la terminología bélica del presidente Sánchez- es la información. No sólo está el respeto a la opinión pública, que por supuesto, es que para optimizar los recursos se necesita trabajar con datos fiables.
Este jueves la Generalitat de Cataluña ha dinamitado las estadísticas del Gobierno al computar como víctimas de la pandemia a los fallecidos fuera de los hospitales con síntomas de estar infectados. Es sabido que la mortandad que reflejan las cifras oficiales no se corresponde con la real, pero ninguna autoridad se atrevía a expresarlo, en una suerte de sobreentendido.
Minimizar
A las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias de Sanidad, les interesa, en la medida de lo posible, minimizar el número de fallecidos, para poder presumir de gestión. Y al Gobierno le interesa que así sea, como responsable último de la situación.
La decisión de la Generalitat de modificar el sistema de recuento de fallecidos para hacerlo, cabe reconocérselo, más realista, ha destapado la caja de los truenos. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ya asume que en la región han podido superarse los 10.000 muertos, cuando se están reportando cerca de 7.000.
Desavenencias
Resulta descorazonador que podamos acercarnos a conocer los números reales de la tragedia no por un ejercicio de eficacia y transparencia, sino por las desavenencias entre Torra y Junqueras en Cataluña, y entre Ayuso y Aguado -aunque a otro nivel- en Madrid.
Si algo ha quedado probado con todo este baile macabro de números es que el cacareado "mando único" no ha servido para unificar criterios con las autonomías a la hora de establecer un sistema fiable con el que medir los estragos de la pandemia.
Para más inri, ahora vamos a convivir con el absurdo de que el Ejecutivo ofrezca unos números oficiales que no contemplan las cifras oficiales del gobierno catalán. Realmente kafkiano.