La crisis del coronavirus, la misma que lleva a la sociedad a una nueva forma de interrelación, ha variado aspectos de nuestra vida personal y laboral. Los medios telemáticos se han revelado como imprescindibles no sólo para la mera comunicación, sino para sortear el frenazo impuesto a la actividad.
Sin embargo, en el ámbito de la Justicia, la revolución tecnológica tantas veces aplazada amenaza con crear un colapso mayúsculo. Porque a la falta de medios se añade ahora el incremento de la litigiosidad derivado de la pandemia, especialmente en lo relativo a pleitos laborales y sanitarios.
Sin togas
Tal y como hoy informa EL ESPAÑOL, el Ministerio de Justicia ultima un decreto-ley de medidas urgentes para restablecer la actividad judicial que incluye una medida histórica: por primera vez se habilitarán 20 días de agosto, del 11 al 31.
Hay que tener presente que desde que se inició el estado de alarma los juzgados han trabajado a medio gas ante la imposibilidad de teletrabajar. La apertura de la Administración de Justicia en agosto se complementará con otra estampa inédita: abogados y procuradores podrán evitar el uso de la toga, ya que ésta, muchas veces de uso compartido, podría ser fuente de contagio.
Iniciativas
Incluso contra la dura realidad que impone el Covid-19, todos los sectores del país parecen asumir la necesidad de retomar poco a poco la normalidad. De momento, las administraciones están estudiando fórmulas imaginativas para que nuestra principal industria, el turismo, acuse de forma menos virulenta los efectos de la pandemia.
Así hay que interpretar las iniciativas que Comunidades como Andalucía, Galicia, Madrid o Canarias están planteando, que van desde la restricción del aforo de las playas a chequeos continuos de personal y visitantes a regular la práctica del deporte individual en espacios abiertos. El panorama es el que es, el de un verano con más pleitos que turismo: lo suyo es hacer de la necesidad virtud.
