El enredo que envuelve el caso de los test refleja muy bien lo que viene siendo la gestión del Gobierno ante la pandemia: tan pronto se nos dice una cosa como la contraria.
Ahora, la última recomendación oficial es que las empresas no hagan test preventivos a sus empleados antes de su reincorporación. La tesis es que sólo hay que chequear a quien presente síntomas de haberse contagiado del Covid-19 y, ojo, mediante la prueba PCR. Los test rápidos (de anticuerpos) ya no se consideran válidos.
Compras
Este giro es aún más sorprendente si tenemos en cuenta que, hace sólo unos días, las autoridades sanitarias hicieron alarde de un polémico -por infundado- informe de la OCDE en el que el propio Gobierno sumaba los positivos por PCR y por test rápidos, a los que entonces sí daba credibilidad. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué los compró?
El caos con los test ha sido mayúsculo desde el principio. Primero no se previó a tiempo su compra; después, con las prisas, se adquirieron partidas defectuosas que hubo que devolver; se llegó tarde para repartirlos entre los sanitarios, con las consecuencias por todos conocidas; luego se dijo que a quien presentara síntomas se le haría un test en 24 horas...
Bandazos
Después de que el estudio de seroprevalencia haya demostrado que la amplísima mayoría de los españoles carecen de anticuerpos contra el virus, estas dudas y contradicciones del Gobierno son terribles.
Si la exministra de Sanidad del PP Celia Villalobos aún es recordada hoy por haber desaconsejado el caldo de huesos de vaca durante la crisis de las vacas locas, al ministro Illa se le recordará por esta locura de los test.
Todos estos bandazos, unidos a la falta de claridad para comunicar cómo pasar a la "nueva normalidad", están sumiendo a los ciudadanos en la más absoluta perplejidad. Uno ya no sabe si es preferible someterse a una analítica o si el uso de la mascarilla es obligatorio o sólo recomendable y bajo qué supuestos. Un Gobierno puede ser débil, pero jamás confuso o titubeante en asuntos de Salud pública.