Si hay un hito reciente sobre el que se han vertido bulos y medias verdades es sobre la manifestación del 8-M y su relación con la difusión exponencial del coronavirus en este país. Como desvela hoy en exclusiva EL ESPAÑOL, un médico forense sí considera "cierto y seguro" en su informe a una juez de Madrid que sin la celebración del 8-M se hubiera "evitado una amplia difusión del virus".
En el informe pericial, solicitado por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel para valorar la pertinencia de encausar al delegado del Gobierno en Madrid por un presunto delito de lesiones y prevaricación al no prohibir la masiva manifestación, se estipula, además, que muchos casos de Covid-19 "se habrían evitado" de "haberse alertado a la población sobre el gran riesgo de contagio".
Recomendaciones
Hay que recordar que desde finales de enero cursaba una recomendación de los organismos internacionales que instaba al distanciamiento social como medida de prevención. Desde el 30 de enero los efectos del virus obligaron al Comité de Emergencias del Reglamento Internacional Sanitario a aplicar la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), que subraya el citado informe forense.
Sin ahondar en más tecnicismos, es evidente que se sabía que el Covid-19 era altamente contagioso y que los especialistas recomendaban evitar todos los eventos multitudinarios. Y aunque la jueza deba archivar el procedimiento por lesiones al no encontrar una relación de causa y efecto, de la aportación forense se colige que se podrían adoptar medidas administrativas contra el delegado del Gobierno por autorizar el 8-M y actividades similares en esas fechas.
Código Penal
En realidad, se vuelve a poner de manifiesto la insuficiencia del Código Penal en un momento en el que proliferan todo tipo de demandas contra las autoridades. Como recuerda en nuestras páginas José Antonio Choclán, magistrado en excedencia, "las autoridades sanitarias tienen el deber legal de contener la propagación del virus" y la propia limitación, evidente, del Código Penal no puede ser una excusa para que los responsables públicos eludan su responsabilidad.
Urge que el Derecho modernice los tipos jurídicos en lo relativo a la acción y la omisión de las autoridades en este tipo de situaciones que pueden volver a producirse en el futuro, como ha ocurrido ahora y ya ocurrió en el pasado, y se contemple específicamente el delito contra la seguridad colectiva. No podemos ser también jurídicamente vulnerables ante el virus.
