Hay prioridades y prioridades, y lo que precisa nuestro país es unidad y no reverdecer odios e inquinas más que olvidados. Pero lo cierto es que el Gobierno aprobó el martes el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática que abarca no pocos aspectos jurídicos y educativos sobre su concepto de "memoria" estipulados en 66 artículos y 5 títulos.
La nueva ley del Gobierno va mucho más allá de la de José Luis Rodríguez Zapatero, que dejó las cosas en su sitio y no ahondó más en una división artificiosa entre españoles. Ese mismo enconamiento ficticio que hoy sí que propala con fuerza el populismo, de uno y otro signo (Vox ha planteado cambiar del callejero de Madrid los nombres de destacados socialistas).
Valle de los Caídos
En estos casi setenta puntos en que se fundamenta la ley hay varios aspectos que darán lugar a la polémica, como el que atañe a la "resignificación" del Valle de los Caídos como un "cementerio civil". O la implantación de una Fiscalía de Sala en el Supremo que enjuicie los crímenes cometidos desde Guerra Civil hasta la aprobación de nuestra Constitución.
Con la ley en la mano, además, se podrían declarar "ilegítimos" los juicios sumarísimos durante la guerra y se destinará una partida presupuestaria para las exhumaciones de las víctimas.
Libertad de expresión
El profesorado tendrá también que implementar los contenidos de la Ley de Memoria en sus proyectos curriculares. Algo que podría, en casos extremos, limitar la libertad de cátedra de cada docente.
Al margen de que haya quien estime que esta normativa consta de un fuerte contenido dogmático, lo esperable es que su aplicación generará no pocos debates jurídicos sobre la propia libertad de expresión y sus límites. Con todo, esta nueva normativa prevé que quien la incumpla pueda ser sancionado con hasta 150.000 euros.
En el fondo, con media Europa alertando sobre la expansión de la Covid en España, esta Ley de Memoria Democrática es una maniobra de distracción para que muchos actores políticos, desde el Gobierno a la Generalitat -que exigió al Estado que pidiera perdón por el fusilamiento de Companys-, se amparen en los muertos. Aquellos que ya no tienen ni voz ni voto. Ni los revivirá una ley.