El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que iniciará los trámites para estudiar el indulto a los presos del procés. En el caso de concederlo, supondría su mayor cesión al separatismo catalán, y eso que hay materia donde elegir.

El objetivo de este anuncio, que habrá que ver en qué queda, es seguir complaciendo a ERC y JxCAT para que apoyen los Presupestos y atar así la legislatura. Pero es que el lunes conocimos que el Gobierno había apartado al Rey de la entrega de las credenciales a los jueces en Barcelona alegando unos más que discutibles problemas de seguridad. Y unos días antes decidía regalar 120 millones a un Quim Torra a las puertas de su inhabilitación, al dejar pasar el plazo para recurrir la ecotasa de la Generalitat a la energía atómica. 

Condiciones

Hay que decir que la concesión del indulto es plenamente constitucional. Pero también que fue el jurista Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA, quien definió las condiciones a la hora de contemplarlo: “Si el reo condenado no ha solicitado por sí el indulto, no ha mostrado arrepentimiento y no ha hecho manifestaciones de acatamiento a la Constitución, sino más bien todo lo contrario, la denegación de indulto está plenamente justificada”.

Las palabras de Tomás y Valiente encajan como un guante en los presos del procés, para que sigan cumpliendo su condena. Y algo parecido debía de pensar Sánchez, pues en la precampaña electoral se comprometió a no concederles el indulto.

Amnistía

Lejos de mostrar arrepentimiento, los cabecillas de la sedición aseguran una y otra vez que intentarán de nuevo conseguir la independencia de Cataluña por la vía unilateral, se niegan a solicitar la medida de gracia y piden, en su lugar, una ley de amnistía que, a diferencia del indulto, no admite responsabilidad alguna por los actos acometidos.

Es muy probable que Sánchez esté jugando con los tiempos para garantizarse ahora la aprobación de los Presupuestos... y en marzo, cuando toque decidir sobre los indultos y hayan pasado las elecciones catalanas, ya se verá. Ahora bien, hay asuntos con los que no se puede frivolizar. Toda una sentencia del Tribunal Supremo no puede ser moneda de cambio ni ser utilizada como señuelo por intereses partidistas o personales.