Después de días de encuentros y desencuentros entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, incluido el ultimátum del ministro Salvador Illa para aplicar por ley su plan para frenar la pandemia, ambas administraciones llegaron a última tarde de ayer a un principio de acuerdo.
Según pactaron ambos Ejecutivos, Sanidad implantará las mismas medidas en las ciudades con más de 100.000 habitantes, en tanto que en las de menos población serán las Comuniddas Autónomas las que las regulen.
Agravio comparativo
Illa ha logrado convencer a Isabel Díaz Ayuso de acometer más restriciones a cambio de que ese mismo rigor se aplique en otras regiones. De esta forma, no se estigmatiza a Madrid, como si fuera el agujero negro del coronavirus en España. El Consejo Interterritorial de Salud (las 17 autonomías), que se reúne este miércoles, tendrá que ratificar ese acuerdo.
Los tres requisitos de Sanidad para poner en marcha medidas más contundentes, son: incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas, más del 10% de positivos en PCR y más del 35% de las UCI ocupadas.
Parece un baremo razonable que permitirá, por un lado, combatir mejor la expansión del virus en Madrid, y por otro, sortear la demonización de la región, pues de no contemplarse "criterios comunes" se hubiera producido un agravio comparativo con otros puntos del país.
Burocracia y lentitud
Ayuso, por su parte, ha exigido algo tan razonable como pruebas PCR en Barajas y en las principales estaciones ferroviarias. Eso refuerza la idea de que la situación de Madrid, por su especificidad, debe tener el apoyo nítido del Ejecutivo central.
El final, el pacto es positivo para todos, pero deja un poso amargo. Por culpa de las tensiones políticas se han perdido unos días preciosos. Hay que hacer realidad el eslogan que tanto repitió Moncloa en su día de que este virus lo paramos unidos. Con agilidad y rigor.
