PSOE y Podemos han propuesto este martes una reforma legal que permitirá un mayor control del órgano de gobierno de los jueces -el Consejo General del Poder Judicial-, mediante una rebaja de la mayoría parlamentaria para la elección de los doce miembros que deben proceder de la carrera judicial. Se trata de una grave irresponsabilidad que contribuye a erosionar aún más la independencia de la Justicia.
Sus promotores justifican la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el falaz argumento de "ajustarla a la realidad social" y por la negativa del PP a facilitar la renovación de la institución. Pero de consumarse ese cambio, esa renovación del CGPJ podría hacerse prescindiendo de gran parte del Parlamento -por supuesto, del principal partido de la oposición- algo que es contrario al espíritu constitucional. El supuesto remedio siempre sería peor que la mal diagnosticada enfermedad.
Quiebra constitucional
La prueba de que estamos ante una quiebra constitucional se ve de forma meridiana en la paradoja de que, tratándose del órgano que gobierna específicamente a los jueces, estos podrán ser elegidos por una mayoría más exigua (176 votos de los 350 del Congreso) que la que se exigirá para los vocales que deben ser juristas, que seguirán necesitando una mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara Baja (210).
La propuesta de reforma legal desoye directamente una sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 que, a cuenta de la modificación impulsada por Felipe González para someter el órgano de los jueces al Parlamento, exigía la "cautela" básica de que la elección de los consejeros precisara los tres quintos en cada Cámara.
Todo indica que estamos ante un órdago de PSOE y Podemos para forzar al PP a negociar sí o sí la renovación del CGPJ. Es una jugada muy peligrosa porque, ¿qué harán sus promotores si Casado no se amilana? Si la reforma siguiera adelante, Sánchez e Iglesias tendrían barra libre para hacer y deshacer en el gobierno de los jueces, pero a un coste inasumible y de imposible justificación ante Europa. Después de haber nombrado fiscal general a Dolores Delgado recién salida del Consejo de Ministros, sería el tiro de gracia para la imagen de la Justicia.
El ejemplo polaco
Por lo pronto, como adelanta hoy EL ESPAÑOL, los jueces llevarán a Europa su protesta ante una iniciativa que lleva el sello inequívoco de asalto chavista a la división de poderes. No es baladí recordar que existe un precedente en el Tribunal de la UE, que el pasado mes de abril suspendió cautelarmente la ley polaca con la que el Gobierno ultraconservador pretende injerirse en la Magistratura.
De lo que no cabe duda es de que la reforma que se pretende, y para la que Sánchez e Iglesias necesitan el concurso de los independentistas, adulteraría la democracia al hacer saltar por los aires los más profundos pilares del Estado de derecho. Desde el Gobierno se ha dado un paso en contra de todas las ideas de regeneración que dice defender. Cambiar las reglas de juego por las bravas para someter los jueces al Parlamento y destruir los equilibrios y los contrapesos del sistema es ir contra la esencia misma de la democracia.