Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se fundamentan en un cuadro macroeconómico excesivamente optimista: hinchan los ingresos para poder justificar un gasto desbocado. Ese voluntarismo puede salir muy caro a la larga.
De entrada, España es el único país de nuestro entorno que sube impuestos en la segunda ola de la pandemia. Eso demuestra que las cuentas presentadas este miércoles se proyectaron hace semanas y que no se han actualizado con las nuevas restricciones y la declaración del toque de queda en toda España. Ayer mismo el Ibex se hundió a mínimos de mayo, en lo más duro de la crisis sanitaria.
Subsidios
La circunstancia de que el Gobierno contemple un 20% más de gasto en subsidios por desempleo, al mismo tiempo que prevé una caída del paro, demuestra la escasa credibilidad de sus números... a menos que esté anticipando que habrá que seguir alimentando la bolsa de los ERTE.
Uno de los peligros del anteproyecto es que eleva la deuda pública al 130% del PIB, que se carga sobre los hombros de generaciones futuras y que apenas dejará margen de reacción a futuros gobiernos. Los fondos de reconstrucción europeos han empezado a comprometerse antes incluso de haber llegado y de conocerse las condiciones que España deberá cumplir.
Populismo
Por lo demás, los Presupuestos tienen un evidente sello populista, con guiños a sectores de la sociedad civil vinculados a la izquierda. Eso incluye una política paternalista de subsidios. La partida del Ingreso Mínimo Vital, por ejemplo, alcanza la abrumadora cifra de 3.000 millones de euros por el empeño de Pablo Iglesias.
Afortunadamente, algunos errores han empezado a subsanarse. Ayer mismo se anunció que la subida prevista del diésel se anulará durante la negociación de la ley. El Gobierno debe evitar la asfixia fiscal de los contribuyentes y de las empresas, pues eso sólo redundaría en una recesión aún peor de la que ya recogen las cuentas del 2021.