Cuando una ley se politiza y se la intenta revestir de más dogmatismo que de carga legal suceden dos cosas: se fomenta la indefinición jurídica y el delito que se pretende perseguir, por la propia configuración de la norma, acaba paradójicamente favoreciendo al delincuente.
El informe que preparan algunos vocales del CGPJ sobre el consentimiento expreso en las relaciones sexuales que quiere imponer Irene Montero es un ejemplo de esta disfunción a lo que nos referimos. Según los redactores de dicho informe sobre el anteproyecto de Ley de Libertad Sexual, existen dudas jurídicas serias sobre la medida estrella de la norma: el famoso "sólo sí es sí".
Bronca ministerial
Sobre este punto, conviene recordar que la aprobación del anteproyecto vino precedida de una monumental bronca entre los miembros de Podemos del Consejo de Ministros y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el titular de Justicia, Juan Carlos Campo. Los populistas presionaron para que, en vísperas del 8-M, se tramitara un texto de difícil ajuste a Derecho y plagado de deficiencias. De hecho, Pablo Iglesias llegó a tildar al ministro de Justicia de "machista frustrado" por sus reticencias a promover una norma creada a salto de mata.
Por esta razón, es una desfachatez que el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, pretenda confundir a la opinión pública culpando al PP de las críticas de los ponentes progresistas del CGPJ a la llamada Ley Montero. Y con unos argumentos sonrojantes.
Contraproducente
Al margen de que estemos ante un asunto que enfrentó a los dos partidos de la coalición de gobierno lo sustancial en todo este asunto es la rigidez con la que la norma define el consentimiento expreso.
Según adelantó EL ESPAÑOL, en los debates mantenidos por los ponentes se ha puesto en evidencia que una redacción tan encorsetada puede acabar favoreciendo a los agresores sexuales y ser contraproducente en el sentido en el que la introducción de términos imprecisos como "acto concluyente" puede generar inseguridad jurídica, algo que en Derecho Penal es muy inconveniente porque perjudica a las víctimas.
No hay que perder de vista que esta Ley viene motivada por la alarma social del caso de La Manada, que con sus errores procesales, acabó demostrando que el sistema judicial funciona y es capaz de corregir sus disonancias. Sin debates artificiosos ni manipulaciones de parte.