La euforia provocada por las primeras vacunaciones contra la covid-19 no puede dejar en un segundo plano las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno en las que esta arremete, en un gesto inédito en democracia, contra el informe de la Fiscalía contrario a la concesión del indulto a los líderes separatistas del procés. Según Carmen Calvo, en dicho informe se aprecian delitos que "no vio el Tribunal Supremo". 

Las palabras de Carmen Calvo no son inocentes. La vicepresidenta ha dicho también que en el informe "se pueden colocar muchas cosas dentro de las competencias o incluso fuera de las que se tienen". Pero ¿desde cuándo es competencia del Gobierno la valoración de los informes de la Fiscalía? Informes que, recordemos, ni siquiera son vinculantes para el Ejecutivo y que este podría por lo tanto obviar si así lo deseara.

Más bien parece que el objetivo del Gobierno no ha sido valorar la pertinencia jurídica de los indultos, sino entrar en una competición desenfrenada, puramente propagandística, con ERC y Podemos con la vista puesta en las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero. Todo con el objetivo de no ser encuadrado en el grupo de los partidos contrarios a los indultos. Es decir, en el de PP, Ciudadanos y Vox.  

Separación de poderes 

La vicepresidenta es jurista de profesión y entre sus funciones está la de defender, como pilar del Estado de derecho que es, la separación de poderes. Es insólito que el Ejecutivo critique públicamente a la Fiscalía valorando negativamente un documento que, además, coincide plenamente con el veredicto del Tribunal Sentenciador. 

Conviene recordar el contenido del texto de la Fiscalía, donde se alerta al Gobierno de que un posible indulto a los cabecillas del golpe separatista supondría un "alejamiento de la legalidad" y una "desviación de poder" por meros cálculos políticos.

Enésimo privilegio 

Los indultos no son una herramienta electoral del Ejecutivo o una moneda de cambio para obtener favores de sus socios de Gobierno. La función de los indultos es la de compensar posibles injusticias allí donde la fría aplicación de la ley ha derivado en un castigo desmedido para el reo.

No es ese el caso de los líderes del procés, altos cargos autonómicos que se quedaron a un sólo paso de quebrar el orden constitucional y de provocar un conflicto civil de consecuencias extraordinariamente peligrosas para todos los ciudadanos españoles. 

Lo cierto es que los presos, sobre el papel, se encuentran tan sólo en el inicio del cumplimiento de su pena. Oriol Junqueras sólo ha cumplido tres años de los trece a los que fue condenado. Para mayor sonrojo, con todos los beneficios derivados de la concesión a la Generalidad de las políticas carcelarias.

Desde el Ejecutivo se ha deslizado la idea de que la concesión de los indultos ayudaría a "aliviar tensiones". De hecho, los condenados no sólo no se han arrepentido, sino que han mostrado reiteradamente su disposición a volver a subvertir el orden constitucional. ¿Qué tensiones alivia la promesa de un delincuente de volver a delinquir en cuanto el Gobierno le ponga en la calle? Más bien las genera de nuevo allí donde la condena de los sediciosos pacificó una región que se encaminaba a un conflicto civil seguro. 

Artículo 102

Pero es que las incongruencias de un supuesto indulto van más allá. La Fiscalía ha alertado de que esta liberación sin distingos de los presos del procés erosiona el espíritu del artículo 102 de la Constitución al tratarse de un delito que consistió "en un deliberado y planificado ataque al núcleo esencial del Estado democrático". Que sus autores fueran miembros de un Gobierno autonómico, y no del Gobierno central, no puede actuar como salvaguarda de los delincuentes.  

Fue este mismo PSOE, además, el que apoyó una iniciativa de Albert Rivera que pretendía prohibir los indultos de los políticos condenados por corrupción. Recordemos que a los líderes del procés no sólo se les condenó por sedición, sino también por malversación de fondos públicos. Que esta malversación fuera instrumental para la sedición no debería ser tampoco obstáculo para descartar de plano los indultos. 

Pedro Sánchez haría un daño irreparable a la credibilidad del sistema si adulterara el indulto concediéndolo por motivos de interés político. El separatismo sigue gobernando en Cataluña como si su golpe de 2017 nunca hubiera sucedido. Sería imperdonable concederle también la legitimidad, porque eso sería tanto como darle el visto bueno moral a su golpe contra la democracia de 2017.