La noticia de que el Gobierno legislará para permitir las inspecciones sorpresa de la AEAT en los domicilios de particulares y empresas (una medida que el Tribunal Supremo consideró inconstitucional, incluso con el aval de un juez, hace apenas unos meses) es una nueva victoria del ala más populista del Ejecutivo y una mala noticia para los ciudadanos y los empresarios españoles. 

La patada en la puerta de Hacienda, pues de eso se trata en la práctica, inclina aún más el terreno de juego en contra de los ciudadanos y las empresas en favor del fisco. Si el contribuyente venía ya obligado a pagar primero y reclamar después, incluso en los casos de flagrante error de Hacienda, el añadido de las inspecciones sorpresa promete generar un estado de inseguridad jurídica que rozará el terror fiscal. 

La noticia es pésima para el tejido empresarial de nuestro país y se pretende poner en marcha, además, en medio de una crisis económica de dimensiones colosales por causas, endógenas y sobrevenidas, que sería ocioso recordar. El Gobierno avalará dichas inspecciones sorpresa de Hacienda a través de las enmiendas al proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal que se está tramitando en el Congreso.

La medida supone un nuevo triunfo de Pablo Iglesias, y su prehistórica tesis colectivista de que toda riqueza o beneficio empresarial es injusto hasta que se demuestre lo contrario (e incluso después), sobre Nadia Calviño. 

Sentencia del Supremo

De poco servirá que estas inspecciones sorpresa deban requerir del aval de un juez. A la vista de la paulatina politización de la Justicia, no será extraño que Hacienda encuentre jueces dispuestos a avalar sus inspecciones. 

El peligro de que el Ejecutivo sienta la tentación de sojuzgar a aquellos empresarios a los que guarde especial ojeriza es enorme. Sólo cabe desear buena suerte a los afectados manteniendo a flote su empresa durante los años que les llevará el proceso de recurrir frente a los tribunales, que estos le den la razón y que Hacienda les resarza. 

Al margen de la inseguridad jurídica, hay otra variable que no se puede pasar por alto.

Con esta culpabilización en primera instancia, casi preventiva, del empresario, se desincentiva y se limita aún más el escenario para que los emprendedores puedan animar un mercado moribundo. ¿Cómo no sentirse intimidado frente a un monstruo fiscal que dispara primero y pregunta después? 

'Minority Report'

En el espíritu de esta nueva vuelta de tuerca del Gobierno parece latir el distópico argumento de la película de Steven Spielberg Minority Report, en la que una brigada de policías impide los delitos antes de que estos se cometan gracias a las premoniciones de un trío de adolescentes precognitivos con problemas mentales. Lo inaudito parece ser consustancial a este Gobierno.

De momento, a la insaciable presión fiscal del Gobierno se une la transformación de Hacienda en una suerte de policía preventiva contra los empresarios.

Otro hito del Gobierno de coalición y otra victoria de Podemos frente al PSOE.