La falta de acuerdo entre PSOE y PP tiene dos graves efectos secundarios, uno institucional y el otro político. El primero es el bloqueo de organismos como el CGPJ, el defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Agencia de Protección de Datos.
El segundo, tan perjudicial para la estabilidad del escenario político español como el primero, es el poder de coacción que esa falta de acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales otorga a las formaciones populistas de los extremos.
Tal y como explica hoy EL ESPAÑOL, ese poder de coacción se ha plasmado durante las últimas horas en sendas amenazas de Vox y de Podemos.
Vox ha amenazado con tumbar los Presupuestos de la Comunidad de Madrid si la presidenta Isabel Díaz Ayuso rechaza introducir el pin parental en los colegios de la región.
Podemos ha amenazado por su parte con romper la coalición de Gobierno si el PSOE acepta el veto de los populares a los dos candidatos morados al CGPJ: Victoria Rosell y José Ricardo de Prada.
Ni tacticismos ni órdagos
Ninguno de esos chantajes tendría ninguna posibilidad de éxito si PSOE y PP aceptaran negociar el fin del colapso institucional, indecente en plena pandemia de Covid y con España pendiente de un rescate de la UE, sin tacticismos ni órdagos de última hora.
Que los dos candidatos a vocal del CGPJ propuestos por Podemos son intolerables no ya para el PP, sino para cualquiera con un mínimo respeto por la neutralidad institucional, es una obviedad.
El problema lo tiene el PSOE con su socio de coalición, es cierto, dado que la renovación del CGPJ, como ya hemos explicado antes en EL ESPAÑOL, es una negociación entre grupos parlamentarios y no entre Gobierno y oposición.
Pero la estrategia del PP no puede depender de las hipotecas de Sánchez.
Porque es precisamente esa falta de iniciativa, ese actuar siempre a la defensiva, lo que le permite al PSOE vender la idea de que es Casado el que está bloqueando las instituciones (cuando es Podemos el que lo hace) o que es el líder del PP el que ha salido escaldado de las negociaciones cuando es Sánchez el que no ha conseguido lo que quería.
Rehenes del extremismo
PSOE y PP son hoy rehenes del extremismo. El PSOE gobierna España con menos escaños que ningún otro Gobierno en democracia y eso le obliga a cruzar día a día nuevas líneas rojas. Sus bruscos movimientos amenazan con reventar las costuras del sistema y ya es un clásico del debate político de este país si esos movimientos son forzados o provocados por una intrínseca falta de escrúpulos.
El PP, fuera de su zona de confort desde hace dos años, vive acogotado por Vox. Un partido que, a diferencia de los populares, no tiene nada que perder puesto que carece de depredador natural por su derecha y ni siquiera sufre el desgaste que implica gobernar una comunidad o una sencilla ciudad de tamaño medio.
En el pecado llevan la penitencia PSOE y PP. Es su falta de acuerdo, su miedo a llegar a grandes pactos de Estado o a acordar un Gobierno de concentración nacional como el italiano (que hoy defiende Manuel Valls en EL ESPAÑOL) el que ha empoderado a Podemos y Vox hasta el punto de poner en sus manos la estabilidad del sistema.
El eterno chantaje
El chantaje nacionalista ha durado cuarenta años y sigue vigente hoy. Tan eficaz ha sido ese chantaje que hasta comunidades como la extremeña, la asturiana o la valenciana buscan hechos diferenciales bajo el empedrado para conseguir privilegios similares a los de catalanes y vascos.
A ese sempiterno chantaje nacionalista se ha sumado ahora el chantaje de los populismos de extrema izquierda y extrema derecha. En plena pandemia. En plena crisis económica. A las puertas de un rescate de la UE.
Si PP y PSOE no deciden ya, de una vez, romper con su malsana dependencia de radicales, populistas y nacionalistas, ¿cuándo lo harán? ¿Acaso no se equilibrarían los costes electorales de una decisión así si PSOE y PP la asumen hasta sus últimas consecuencias?
Si los más radicales de sus votantes huyen a los extremos por ese pacto, que huyan.
La democracia española necesita una Segunda Transición, sí. Pero no en el sentido en el que la piden Podemos, ERC, JxCAT, EH Bildu, BNG, Vox o Compromís, sino en un sentido radicalmente opuesto. Es decir, en el sentido de un pacto de PSOE y PP que condene a las ideologías tóxicas a la irrelevancia. Hay que desempoderar a los populistas.