Es difícil pensar que Ciudadanos no imaginara qué consecuencias podría tener su moción de censura en Murcia. Como es difícil también pensar que el PP fuera a aceptar mansamente la perdida de uno de sus feudos. Especialmente a la luz de la desconfianza existente desde hace tiempo entre Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado.

Murcia es, además, el feudo del secretario general del partido, Teodoro García Egea. Un detalle menor, pero que contribuye a ampliar un poco más la brecha entre PP y Ciudadanos.

El error de cálculo de Inés Arrimadas parece evidente. En primer lugar, porque la presidencia de los naranjas en Murcia tiene fecha límite garantizada: las próximas elecciones autonómicas.

En segundo lugar, porque el PSOE se ha quedado con el ayuntamiento de la capital.

En tercer lugar, porque la confianza del PP en Ciudadanos se ha visto dañada.

La decisión de Inés Arrimadas ha sido bisoña y temeraria. Pero cabe señalar también que el pacto entre PP y Ciudadanos en el ayuntamiento de Madrid, la comunidad de Castilla y León, y la de Andalucía sigue vigente. 

Las elecciones deben celebrarse

Isabel Díaz Ayuso ha respondido a la moción en Murcia convocando elecciones anticipadas. Que quede muy claro desde el principio: los comicios deben celebrarse en la fecha prevista. El debate acerca de la hipotética invalidez de la disolución de la Asamblea (y la consiguiente convocatoria de elecciones autonómicas) atenta no sólo contra el espíritu de la norma, sino también contra el más elemental sentido común. 

Porque lo que el reglamento pretende evitar es, precisamente, que la disolución de la Asamblea se utilice como herramienta para esquivar una moción de censura ya presentada. Pero lo que aquí ha ocurrido es exactamente lo contrario. Más País y PSOE han intentado esquivar una convocatoria de elecciones presentando sendas mociones de censura a posteriori. 

El orden en el que han ocurrido ambos hechos, la disolución de la Asamblea y la posterior presentación de las mociones, no admite duda alguna.

Es absurdo, en fin, pretender que cualquier grupo político pueda paralizar una convocatoria legal de elecciones (previsiblemente dañina para sus intereses electorales) presentando una moción de censura durante esas 24 horas que transcurren entre el acuerdo de disolución y su formalización en el boletín oficial de la comunidad.

El acto relevante jurídicamente es el primero. Y sus efectos son inmediatos, independientemente de cuándo se formalice este desde el punto de vista administrativo. 

Mociones aceptadas

Como ocurrió en el incendio de Chicago, donde la anciana ordeñó la vaca, la vaca tiró el quinqué y la ciudad entera ardió, la moción de censura en Murcia amenaza con provocar movimientos de calado en el espacio de centroderecha español.

La reacción de Ayuso era, en fin, previsible. Especialmente a la vista de la endeblez de la excusa de Ciudadanos para su moción. Pero las consecuencias en el resto de España de esa moción en Murcia han sido también marcianas. Queda para el futuro el análisis de si la respuesta de unos y otros, a izquierda y derecha, ha sido proporcional a la amenaza real.  

Inés Arrimadas ha tomado una decisión que abre un panorama incierto para el centroderecha y ahora debe afrontar las consecuencias. Sobre todo a la vista de que su partido parecía llamado, por fin, a ser no sólo la bisagra, sino también el garante de la centralidad.

No es conveniente que Ciudadanos y PP rompan puentes. Pero arreglar lo que se ha roto con la moción de censura en Murcia requerirá de Arrimadas algo más que las débiles justificaciones que pudimos escuchar ayer de su partido. 

El papel de Ciudadanos no es presentar mociones de censura, sino facilitar gobiernos a derecha e izquierda, y garantizar su estabilidad. El del PP, evitar quedar arrinconado en un rincón del escenario político, con la única salida de los pactos con Vox.