La decisión del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid de anular el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid deja en una posición muy delicada a los artífices de su despido: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

La sentencia, como explica hoy EL ESPAÑOL, estima el recurso que Pérez de los Cobos, un mando clave en la lucha contra ETA y el golpe contra el orden constitucional del procés, interpuso contra su destitución del 24 de mayo del año pasado. También ordena al ministro que lo reponga en su cargo, impone a Interior las costas del proceso y califica de "desviación de poder" la actuación de los responsables de su cese.

Dice también el tribunal que los motivos esgrimidos para el cese de Pérez de los Cobos ("perdida de confianza") son ilegales y que este se debió en realidad al empeño del coronel en "cumplir con lo que la ley establece" cuando el ministro pidió ser informado acerca del procedimiento penal instruido por la jueza Carmen Rodríguez-Medel sobre la celebración de la manifestación del 8-M de 2020. Algo a lo que Marlaska no podía tener acceso dado que la instrucción de las causas penales es secreta.

La profecía de Bal

El fallo, que no deja el menor resquicio a la duda acerca de la improcedencia del despido del coronel de la Guardia Civil, le da la razón a Edmundo Bal, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que en mayo de 2020 advirtió de que la pérdida de confianza es motivo insuficiente para un cese por tratarse de un "elemento subjetivo". 

También dijo Bal que un hipotético recurso del coronel Pérez de los Cobos (algo que en aquel momento todavía no se había producido) sería estimado con mucha probabilidad por la Justicia, como así ha ocurrido finalmente.

Aunque el Ministerio de Justicia haya decidido recurrir el fallo, pocas dudas caben acerca de la parcialidad de su despido. Como indica la sentencia, el coronel Pérez de los Cobos cumplió "con lo que la ley establece".

Su cese, en fin, no se debió a pérdida de confianza alguna, sino a la contrariedad que supuso para el Ministerio del Interior no tener acceso al contenido de unas investigaciones que implicaban al Gobierno. Pero, sobre todo, al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no haber impedido la manifestación feminista del 8-M en plena expansión de la epidemia de Covid.

Dimisión de Marlaska

PP, Ciudadanos y Vox han pedido ya la dimisión del ministro del Interior. "La legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad" ha dicho el presidente del PP, Pablo Casado, desde su perfil de Twitter. "España no merece un ministro como Marlaska" ha añadido Inés Arrimadas, que ha mostrado también su satisfacción por el hecho de que los tribunales "hayan hecho justicia". 

Pero hay dos detalles relevantes más. El primero es la conclusión a la que llega el juez sobre la petición indebida de información del Ministerio. 

"Es indiscutible que, a pesar del deber legal de reserva y de la orden expresa de la magistrada, se cesó al recurrente por no informar del desarrollo de investigaciones". Dicho de otra manera: el juez confirma que el Ministerio intentó meterse donde no debía, presionando a un coronel de la Guardia Civil para que este cometiera una ilegalidad e informara de unas investigaciones que debían ser secretas. 

El segundo es el hecho de que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, participase en las presiones al coronel, algo que confirma la complicidad de la máxima responsable del cuerpo con el Gobierno en el contexto de una ilegalidad flagrante. Como ha confesado el exdirector adjunto de la investigación, Laurentino Ceña, Gámez le dijo que "la decisión estaba tomada por Moncloa".

Estamos, en fin, ante un claro abuso de poder del Ejecutivo. La sentencia confirma además que una de las prácticas más dañinas para los pilares de cualquier democracia, la de la violación de la separación de poderes, continúa dándose por desgracia en nuestro país. Y no precisamente en instancias menores.

La sentencia debería ser motivo suficiente para la dimisión del ministro del Interior y de la directora de la Guardia Civil. Ambos han quedado, en cualquier caso, desprovistos de cualquier autoridad. Marlaska y Gámez siguen contando con la potestas que se deriva de sus cargos. Pero han perdido ya cualquier auctoritas que pudieran esgrimir frente a sus subordinados.