El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha denegado la medida cautelar solicitada por la Fiscalía Provincial para la retirada del polémico cartel de Vox sobre los menores extranjeros no acompañados (mena). El juez no cree que los hechos denunciados puedan ser considerados constitutivos de un delito de odio.  

En el cartel de Vox, que protagonizó parte del debate electoral de la noche del miércoles en Telemadrid, se compara la pensión de una anciana (426 euros) con la cantidad que, supuestamente, cuesta el mantenimiento de un mena (4.700 euros). 

Tras la decisión del Juzgado de Instrucción, el cartel de Vox permanecerá en la estación de Sol de Madrid y allí donde el partido de Santiago Abascal decida colgarlo a partir de ahora.  

La comparación de Vox entre una pensión (mínima) y el coste que le supone al Estado el mantenimiento de un menor extranjero no es sólo un disparate, puesto que confronta parámetros no equivalentes, sino también inmoral.

Para mayor absurdo, la Comunidad de Madrid ni siquiera tiene en su mano solucionar el supuesto problema del que habla Vox al carecer de competencias directas sobre los mena. 

Coste del mantenimiento

En realidad, la pensión mínima en España para un pensionista de más de 65 años y sin cónyuge es de 677,40 euros. La pensión media en España es de aproximadamente 1.160 euros. La pensión máxima ronda en la actualidad los 2.700 euros. 

La cantidad de 4.700 euros a la que hace referencia el cartel de Vox no es, por su parte, la ayuda directa que recibe un mena, como se podría deducir tras una lectura superficial del panfleto, sino, en todo caso, el coste total de su mantenimiento. Es decir, el coste en personal, en instalaciones, en educación y en protección sanitaria del menor.

Dicho de otra manera. El cartel está comparando conceptos radicalmente diferentes. En primer lugar, porque en España hay seis millones de pensionistas y en la Comunidad de Madrid, tal y como explicó Isabel Díaz Ayuso en el debate del miércoles, apenas 269 mena. 

Si aplicáramos ese cálculo a la anciana de la que habla Vox, el coste de su mantenimiento (sumando pensión, atención sanitaria y los servicios para los ciudadanos de más edad, como los centros de mayores) se elevaría con total seguridad muy por encima de los 4.700 euros del mena. 

Pero lo que convierte el cartel en inmoral, más allá de la grotesca manipulación de unas cifras incomparables, es la caracterización del mena con la apariencia de un violento callejero con sudadera, capucha y pañuelo palestino.

De hecho, resulta imposible saber si el supuesto delincuente del cartel es un mena o más bien un radical de la kale borroka vasca, un bukanero del Rayo Vallecano o un militante de los CDR catalanistas.

El cartel no podría ser, en fin, más absurdo si se hubiera comparado la pensión de una jubilada española con el coste mensual del mantenimiento de un preso de ETA en alguna de las prisiones del Estado. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra?

Infamia no es delito

Más allá de la infame comparación entre churras y merinas del cartel de Vox, EL ESPAÑOL comparte la decisión del juez del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid. 

En primer lugar, porque un delito de odio no consiste en la simple manifestación de un mensaje de odio, sino que requiere el plus de que esa manifestación incite o promueva el odio social y el de que ese haya sido, precisamente, el ánimo del autor. 

En segundo lugar, EL ESPAÑOL considera que los límites entre el delito de odio y el de incitación a la violencia no son lo suficientemente claros. Lo que conlleva el peligro de convertir este tipo penal en una puerta abierta a la represión de algunas ideologías.

¿Por qué debería ser delito de odio el cartel de Vox y no los insultos de Pablo Iglesias a sus rivales políticos? ¿O la afirmación de Mónica García de que "los hombres", considerados como una categoría social y sexual uniforme, son "los que asesinan y violan"? ¿Por qué el cartel de Vox es odio y lo de Iglesias y García, opinión?

Criterios laxos

El cartel de Vox cuenta además con un contexto. Unas elecciones en las que los parámetros para juzgar lo que entra dentro de la libertad de expresión, y lo que queda fuera de ella, deberían ser lo más laxos posible. Lo contrario sería caer en la censura. ¿O qué haríamos entonces con el fontanero polaco de los tories británicos, el dóberman del PSOE o las manifestaciones antisemitas de algunos partidos españoles? 

No estamos, en fin, frente a un asunto que deba ser solucionado por la Justicia penal. La tendencia reciente de no pocos partidos españoles a llevar a los tribunales a sus rivales por asuntos de importancia muy menor, mientras llaman de forma hipócrita a "no judicializar" la política, debe ser cortada de raíz. 

La libertad de expresión en España tiene las espaldas lo suficientemente anchas como para aguantar docenas de carteles de Vox como el que nos ocupa y más. El cartel, sí, es una infamia. Pero la sociedad debe encontrar la manera de repudiar esos mensajes demagógicos y oportunistas, de desdén hacia las minorías desprotegidas, sin hacer uso de una Justicia penal que debería ser siempre el último recurso a emplear. 

Si se quiere repudiar el cartel de Vox, no hay mejor manera de hacerlo que no votar a Rocío Monasterio el próximo 4 de mayo. Si hemos de hacer caso al sondeo que hoy publica EL ESPAÑOL, el 90% de los madrileños apoyarán a otros candidatos el día de las elecciones autonómicas madrileñas. Ese es el camino. No hay otro.