No se puede apelar a los "valores constitucionales" para defender los indultos a los líderes del procés, como hizo ayer Pedro Sánchez en Bruselas, sin subvertir el concepto de esos mismos valores constitucionales hasta límites extravagantes.

Porque ni "la concordia, el diálogo, el entendimiento y la superación de la crisis" son valores constitucionales en el sentido en que los esgrime el presidente del Gobierno ni existe mayor valor constitucional que el respeto estricto al Estado de derecho y a la separación de poderes.

Los indultos son un instrumento legal, en tanto en cuanto forman parte del ordenamiento jurídico español. Pero también son fuertemente contestados por amplias capas del sector de la Justicia por la cuña de tendenciosidad política que introducen en el sistema y por su naturaleza más propia de una concepción arbitraria del derecho que de una concepción estrictamente positivista de este. 

Revancha y venganza

Oponerse a los indultos de unos líderes políticos que fueron condenados a casi cien años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos no es, por otro lado, y como también dijo ayer Sánchez, "revancha y venganza", sino estricto cumplimiento de la ley.

Conviene recordar que las penas de prisión dictadas por los tribunales españoles no buscan la venganza ni la revancha, sino la retribución, la prevención y la rehabilitación.

Oriol Junqueras, por ejemplo, apenas ha cumplido tres años de prisión de los 13 a los que fue condenado por el Tribunal Supremo. ¿Acaso no son suficientes los innumerables privilegios de los que ha disfrutado en prisión el líder de ERC, tal y como ha detallado EL ESPAÑOL en varios artículos publicados a lo largo de estos últimos años, como prueba de la inexistencia de un supuesto ánimo vengativo por parte del Estado? 

También pidió ayer el presidente del Gobierno que la oposición, en referencia al PP, le apoye en la concesión de los indultos como él hizo en 2017 al dar su sí a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en España. ¿Y qué alternativa le quedaba frente a una declaración de secesión por parte de una autoridad regional del Estado? ¿Ponerse del lado de los alzados contra la Constitución y la democracia?

Inmerecidos y arbitrarios

Las dificultades del presidente para justificar con argumentos razonables unos indultos cuya motivación es estrictamente política son la prueba de que estos son tan inmerecidos como arbitrarios. El recurso a argumentos estrictamente emocionales, como el de la "superación de un conflicto" generado por los propios golpistas, es también señal de la mala conciencia de quien defiende esos indultos.

¿Debe la víctima, es decir el Estado, perdonar a unos delincuentes que no sólo no se han arrepentido de los delitos cometidos, sino que han prometido que lo volverán a hacer en cuanto pongan un pie en la calle? Sólo hay que recordar una de las frases más conocidas de Oriol Junqueras ("que se metan los indultos por donde les quepa") para darse cuenta del inmenso error que supondría conceder el perdón del Estado a quienes arriesgaron un conflicto civil entre españoles en 2017. 

Indultos "naturales"

Tras escuchar las palabras del presidente (y las del ministro de Justicia Juan Carlos Campo pidiendo "ver con naturalidad" los indultos) sólo cabe concluir que el Gobierno está poniéndose la venda antes de la herida y anticipándose al dictamen del Supremo. Dictamen que, como informa hoy EL ESPAÑOL, se hará público el jueves y que con casi total seguridad verá a los seis jueces del Supremo oponerse por unanimidad a la medida.

Pablo Casado anunció ayer su intención de recurrir al Tribunal Supremo si se conceden esos indultos. "Cumplir la ley no es venganza" dijo. "Defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe al Estado no es un valor constitucional. Si Sánchez aprueba los indultos recurriremos al Supremo y exigiremos el cambio de la Ley de indultos y del Código Penal contra referendos ilegales".

Podemos y la CUP, por su parte, defienden no ya los indultos, sino la amnistía de los condenados. Algo que sitúa al PSOE en el punto medio entre el cumplimiento de las penas defendido por el PP y una medida inconstitucional como la de la amnistía. Es decir, entre la ley y su incumplimiento. 

No es la posición ideal para un Gobierno democrático cuyo lugar debería estar, sin duda alguna, del lado de la justicia. Porque los indultos no van a ser interpretados en la Cataluña nacionalista como una mano tendida del Estado, sino como un incentivo y un estímulo para una nueva intentona. Es decir, para un nuevo conflicto entre españoles.