No hay una sola palabra casual en el informe con el que el Tribunal Supremo se ha opuesto a los indultos de los líderes del procés. Como no la hay en esa medida intervención del presidente del Gobierno con la que este anunció ayer en el Congreso de los Diputados que se seguiría planteando los indultos "aunque tuviera 300 escaños". 

La frase del presidente no pretende sólo desactivar, como así puede parecer tras un análisis superficial, las críticas del PP por el apoyo que obtendría de ERC y de Junts tras los indultos. Pretende desactivar también algo mucho más peligroso para él: la posibilidad de que los indultos sean interpretados por el Supremo como un autoindulto. 

El informe del Tribunal Supremo alude explícitamente a ello en su punto 8, en el que analiza ese artículo 102 de la Constitución que prohíbe "la prerrogativa real de gracia [el indulto]" para el presidente y los miembros del Gobierno por, entre otros, "los delitos contra la seguridad del Estado". 

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, los presidentes y los consejeros autonómicos son asimilables en este supuesto al presidente y los miembros del Gobierno central. También cree la Fiscalía que el de secesión es un delito "contra la seguridad del Estado". 

El Tribunal Supremo coincide con la Fiscalía en que el artículo 102 de la Constitución prohíbe el autoindulto de los miembros del Gobierno y habla de la "singular perspectiva" de este caso. Es decir, la de un Gobierno apoyado por los mismos partidos a los que pertenecen los presos a los que se pretende indultar. 

Riesgo de autoindulto

Dice el Supremo que este dato adquiere "una dimensión especial" dado que las penas "que aspiran a ser extinguidas" incluyen las de inhabilitación de cargo público.

Dicho de otra manera: lo que el Supremo está señalando es la posibilidad de que los indultados vuelvan a sus antiguos cargos públicos para apoyar parlamentariamente desde ellos al Gobierno que les ha concedido el perdón. 

Y de ahí la frase del presidente, con la que este pretende desligar su decisión de indultar a los presos de cualquier tipo de beneficio político derivado del futuro apoyo de ERC y Junts en el Congreso de los Diputados. Cuando el presidente dice que lo haría "incluso con 300 diputados" lo que está diciendo en realidad es que su decisión no tiene mayor interés personal para él.

El peligro para el Gobierno, en fin, es la posibilidad de que la Justicia pueda interpretar que los verdaderos beneficiados por los indultos no son los condenados del procés, sino el propio Ejecutivo. Una evidencia para cualquier observador imparcial del escenario político español, pero que deberán demostrar con argumentos jurídicos en el Tribunal Supremo aquellos que pretendan recurrir los indultos. 

Inhabilitaciones en el alero

Por supuesto, el Gobierno tiene vías de escape a su alcance. La principal, la de indultar a los presos por las penas de cárcel, pero no por las de inhabilitación para cargo público. Algo que le facilitaría al Gobierno alegar la tesis de que al carecer de poder ejecutivo efectivo, los indultados del procés no pueden "beneficiar al Gobierno" dándole su apoyo en el Congreso de los Diputados. 

El contraargumento, obvio, es que la influencia de los líderes del procés en sus respectivos partidos no necesita de un cargo público para ser efectiva. ¿O es que alguien duda de que el verdadero líder de ERC, el que toma todas las decisiones, es Oriol Junqueras y no Pere Aragonès, por más preso que sea el primero y más presidente de la Generalitat que sea el segundo?

La decisión de indultar a los presos manteniendo sus penas de inhabilitación comporta además un riesgo secundario muy claro. Cegada la vía de la institucionalidad, los líderes del procés crearán una institucionalidad paralela (como ha hecho Carles Puigdemont con su Consell de la República desde Bélgica) más peligrosa que la oficial y que seguirá condicionando las decisiones de ERC y de Junts.

Y entre ellas, la de apoyar o no a Pedro Sánchez en el Congreso mientras las instituciones autonómicas democráticas se convierten en cascarones vacíos con una única función: dotar de legitimidad formal las decisiones que se adopten fuera de ellas.