El Consejo de Ministros dará hoy luz verde a la Ley de Libertad Sexual, conocida popularmente como ley del sólo sí es sí. Una ley que ha pasado por varias reformulaciones hasta llegar a su redacción definitiva y que ha enfrentado a la rama socialista del Gobierno con la rama de Podemos por cuestiones tanto conceptuales como de estricta técnica jurídica. 

Incluso en su versión corregida final, la Ley de Libertad Sexual no parece tanto una herramienta eficaz contra la violencia sexual como una herramienta gatopardista de propaganda que apenas se limitará a cambiarlo todo en el terreno de la nomenclatura para que nada cambie en lo sustancial. 

La redacción final de la ley es, a tenor del resumen al que hemos tenido acceso en EL ESPAÑOL, una versión edulcorada y menos enfática de la redacción original de 2020 que tumbó el Ministerio de Justicia entre acusaciones de "machismo" por parte de Pablo Iglesias al ministro Juan Carlos Campo.

En el terreno del consentimiento, el texto decepcionará a todos aquellos que esperaban una revolución jurídica.  

Porque los procesos penales relativos a la violencia sexual continuarán centrados, como ya decía el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe de febrero de este año, en la cuestión probatoria (cuándo existe o no consentimiento) y no en la cuestión conceptual (qué es el consentimiento). 

Una ley oxímoron

En este sentido, la ley es un oxímoron. Porque como dice el informe del CGPJ, “en materia de delitos contra la libertad sexual el Código Penal vigente ya se asienta sobre la idea de consentimiento". 

Como recordó el órgano de gobierno de los jueces en su momento, en España ya es punible “todo acto de carácter sexual realizado sin el libre consentimiento del sujeto pasivo, sea en la forma de agresión o en la de abuso sexual, bien porque no exista tal consentimiento o bien porque se trate de un consentimiento viciado”. 

En el tan cacareado punto del consentimiento, en fin, la Ley de Libertad Sexual se revela a las claras como poco más que un eslogan. Un eslogan, por otra parte, sin mayor eficacia legislativa y que en nada sustancial ayudará a las víctimas de violencia sexual. 

Indiferencia valorativa

Existe un segundo punto polémico. Reducir todos los delitos contra la libertad sexual (abusos y agresiones) a uno solo, el de agresión, no cambiará en nada el hecho punible.

Lisa y llanamente, la ley se limita a un cambio de nombres. Lo que antes eran delitos de abuso serán ahora agresiones atenuadas. Un mero truco retórico que equivale a calificar de robo atenuado los hurtos con la intención de fingir ejemplaridad contra el delito. 

Si acaso, la creación de una única categoría delictiva caerá en lo que el CGPJ califica de “indiferencia valorativa”. Algo que choca con el principio de proporcionalidad.

“Por un lado, puede tener un efecto de desprotección de las víctimas, pues para el autor del delito no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor (…) Pero también se incurre en el riesgo de castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad” ha dicho el CGPJ. 

Sí a la propaganda

La Ley de Libertad Sexual ha vivido durante un año en el limbo por las disensiones en la Moncloa. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se encontró con el rechazo de partida de la vicepresidenta Carmen Calvo y de Juan Carlos Campo, que recelaron de un texto repleto de imprecisiones y dudosamente constitucional.

El texto ha sido reescrito a fondo para acabar concretado en una ley que parece más preocupada por la revisión del lenguaje que en la resolución del problema de fondo, que no es otro que la violencia sexual contra las mujeres. 

Un sólo ejemplo. Donde antes se decía que no se considerará que existe consentimiento si no consta una manifestación expresa, inequívoca y concluyente de la voluntad de la víctima, ahora la ley se limita a sostener que sólo habrá consentimiento si se ha mostrado la voluntad de la víctima. La ley, en fin, cambia una doble negación por una afirmación. En la práctica, todo queda igual. 

Así que la cuestión seguirá reduciéndose, en los casos más polémicos, a demostrar si ha existido o no consentimiento. La Ley de Libertad Sexual se revela así como un mero juego retórico cuyos efectos en la práctica serán muy escasos, cuando no inexistentes.